LIMA. La crisis social y política en Perú vivió un día clave. Una gran manifestación con participación mayoritaria de personas venidas desde los Andes que exigió en Lima la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, derivó en violentos enfrentamientos en medio de un masivo operativo de seguridad.
Y en Arequipa, segunda ciudad de Perú, una persona murió tras un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y manifestantes que durante una batalla campal, a punta de pedradas, intentaron tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad, siendo repelidos con gases lacrimógenos.
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Los enfrentamientos marcan la peor ola de violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes -en su mayoría de regiones más pobres- desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
La protesta arrancó desde diversos puntos de Lima con columnas de manifestantes que recorrieron las principales avenidas antes de converger al final de la jornada frente al Palacio de Justicia.
La policía intentó evitar con gases lacrimógenos la llegada de un grupo al Congreso, dando lugar a una batalla en la avenida Abancay, en el centro de la ciudad, cuando los manifestantes lanzaron adoquines arrancados de la vereda contra las fuerzas del orden.
“Estamos aquí luchando por nuestra justa razón. Queremos que cierren el Congreso”, dijo la campesina Ayda Aroni, que llegó desde la región de Ayacucho, 330 kilómetros al sureste de Lima. “Nos marginan, nos dicen que somos vándalos, nos dicen que somos terrucos (terroristas), reclamamos nuestro derecho”, agregó esta mujer.
En Lima, las autoridades desplegaron “11 mil 800 efectivos en las calles para el control de disturbios, más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas”, indicó la Región Policial Lima.
Diversos negocios aledaños a la ruta de la marcha fueron cerrando conforme avanzaba el día y algunos cubrieron con maderas las vitrinas para evitar ser blanco de eventuales ataques.
Por la noche, un incendio de grandes dimensiones arrasó una casona del centro histórico de Lima, a unos metros de la icónica Plaza San Martín, epicentro de la gran manifestación antigubernamental.
Durante horas, los manifestantes se enfrentaron a la Policía desplegada en la zona y la hicieron retroceder hasta retirarse de la Plaza San Martín, cuando las llamas comenzaron a arrasar el edificio en un sector con muchas casonas históricas construidas en parte con madera.
Ayer se conoció la muerte de un segundo manifestante herido de bala horas antes en el tórax cuando se manifestaba en Macusani, región de Puno, informó la Defensoría del Pueblo. El miércoles una mujer murió también de un balazo en el marco de las protestas en Macusani, donde una turba quemó una comisaría y un local judicial.
Estos decesos elevaron a 55 el total de fallecidos desde que estalló la crisis, el pasado siete de diciembre. El aeropuerto de Cusco, al igual que el de Arequipa, suspendió sus operaciones por seguridad.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, informó la compañía operadora.
“Tomar Lima”
Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. “En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo dice”, afirmó Abdón Félix Flores, un campesino que se dice listo “a dar su vida”. Salió el domingo de Andahuaylas, epicentro de las protestas en diciembre, para llegar a Lima el martes.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, cuya organización está detrás de la marcha, pronosticó una protesta de larga duración hasta la dimisión de la presidenta. “Las marchas continuarán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte”, dijo Gerónimo López, líder sindical.
En un mensaje a la nación, Boluarte descartó que vaya a renunciar y manifestó que su gobierno “está firme” y su gabinete se mantiene “más unido que nunca”.
“La situción está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho”, advirtió.
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