Suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, según un último balance de la CIDH, que también denunció este sábado como "grave" un decreto del gobierno interino que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.
Mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó de cinco a nueve el número de fallecidos tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba (centro).
Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al exmandatario Evo Morales muertos ese día.
En Twitter, la CIDH calificó además de "grave" el Decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares.
"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo.
El expresidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: "Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Pero el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que el decreto "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes", dijo.
Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había lamentado que las más recientes muertes parecieran resultado del "uso innecesario o desproporcionado" de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a "salirse de control".
