El gobierno de Venezuela declaró este miércoles persona "non grata" al embajador de Alemania, Martín Kriener, y le dio 48 horas para abandonar el país, tras haber recibido al líder opositor Juan Guaidó en el aeropuerto el pasado lunes.
En un comunicado, el gobierno asegura que su decisión obedece a los "recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país" por parte del diplomático, quien "se presentó en el aeropuerto internacional de Maiquetía para presenciar la llegada al país del diputado en desacato, Juan Guaidó".
Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición venezolana.
Ante ello, señaló la nota oficial, el gobierno de Nicolás Maduro "otorga al señor Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el territorio".
Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue recibido en el aeropuerto por los representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Portugal, Rumania, España, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y el encargado de negocios de Estados Unidos.
Hasta ahora, la decisión sólo afecta al embajador alemán
Al conocer la decisión, mientras presidía un debate en el Congreso de mayoría opositora, Guaidó aseguró que la expulsión de Kriener debe "ser tomada como una amenaza por el mundo libre".
"Pareciera que el régimen de Maduro no perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela", aseguró el líder opositor, al destacar el apoyo del embajador en la búsqueda de asistencia humanitaria para Venezuela.
Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos, así como sus seguidores, temían que Guaidó fuera arrestado al llegar a Venezuela, de donde salió el 22 de febrero para presionar infructuosamente por el ingreso de alimentos y medicinas donados por Estados Unidos desde Colombia.
Guaidó burló una prohibición de salida del país dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, impuesta como parte de una investigación por "usurpación de funciones".
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