La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, por violaciones a los derechos humanos de cuatro personas, dos de ellas niñas, por servidores públicos de ambas dependencias en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
El caso se refiere a lo ocurrido el 10 de enero de 2013 cuando dos personas adultas viajaban con dos niñas a bordo de una camioneta que recibió disparos de arma de fuego hechos por elementos de la Policía Federal cuando éstos últimos salían de un lote de automóviles.
La CNDH se acreditó que una de las personas adultas perdió la vida a consecuencia directa de los disparos realizados por los elementos policiacos, mientras la otra salió herida del vehículo y fue llevada a un hospital de esa ciudad para recibir atención médica, y al día siguiente se le puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y por delitos contra la salud.
La PGR inició una averiguación previa por la probable comisión del delito de homicidio y tentativa de homicidio, instruida en contra de personal de la PF, en cuya integración, los agentes del Ministerio Público de la Federación omitieron la práctica de diligencias para la investigación de los hechos, además de que no atendieron a las víctimas respectivas.
El organismo nacional acredito que personal de la Policía Federal (PF) ejerció uso indebido de la fuerza por accionar sus armas de fuego sin acreditar que repelían una agresión, incumpliendo diversas disposiciones legales sobre el empleo de la fuerza pública.
Además, se constató que elementos de la citada corporación alteraron, manipularon evidencia y procesaron indicios balísticos que no fueron entregados bajo cadena de custodia al representante social que investigaba los hechos.
Tampoco se garantizó la integridad física y psicológica de dos niñas, entonces de 4 y 9 años de edad, que viajaban en el vehículo agredido por los elementos de la PF, quienes además no realizaron las acciones necesarias para su resguardo y omitieron indicar su presencia en el evento cuando rindieron sus informes correspondientes, con lo cual no observaron el principio de interés superior de la niñez.
El organismo defensor señala que no se pronuncia sobre la probable responsabilidad penal que se le imputó a uno de los agraviados por los delitos señalados, que es una atribución del poder judicial y manifiesta que no se opone a que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley realicen su labor. Sin embargo, enfatiza que deben respetarse en todo momento los derechos humanos.
Por lo anterior, la CNDH solicita al Comisionado Nacional de Seguridad reparar los daños a las víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que se formule ante la PGR y en la queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; impartir capacitación en materia de derechos humanos; inscribir a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en las investigaciones para el esclarecimiento de esos hechos.
A la PGR se le pide reconocer como víctimas u ofendidos a las personas afectadas; impartir un curso en materia de respeto a los derechos humanos a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a su Delegación en Chihuahua; colaborar en la queja que se presente por lo ocurrido ante la Visitaduría General de la institución y se continúe con las diligencias necesarias para que se extraiga de la reserva la indagatoria relacionada con las conductas cometidas en contra de los agraviados y en su oportunidad se determine la misma conforme a derecho corresponda.
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