En medio del conflicto por la gubernatura en Nuevo León, el Poder Judicial de ese estado denunció que en las últimas 48 horas dos funcionarios han recibido constantes amenazas a través de llamadas y mensajes, con el fin de “intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas”.
Se trata del magistrado Alberto Ortega Peza, encargado de asuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y Miguel Ángel Servando Pruneda González, secretario General de Acuerdos de la presidencia y del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
En un comunicado, recordó que ninguna amenaza o advertencia de peligro puede afectar la acción de los jueces o del sistema de justicia y recalcó que estos actos intimidatorios pueden ser sancionados por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León.
El Poder Judicial del estado reconoció como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, a quien solicitó tomar acciones para garantizar que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político o de obstrucción a la justicia.
Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante
Esto ocurre, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de ese estado ordenó a Samuel García que no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo ni salir del estado hasta que se resuelva el tema del gobernador interino.
Samuel García descalificó dicha resolución y en sus redes sociales dijo que el tribunal, “controlado por el PRIAN”, no tiene competencia para detener su licencia y que su licencia es un derecho y no está sujeta a interpretación de un juez.
Sin embargo, esta tarde Samuel García decidió bajarse de la contienda presidencial, lo que lo tendría en el limbo, pues tiene licencia y no puede regresar, por ahora, a la gubernatura del estado.
De acuerdo con José María Soberanes Díez, investigador de la Universidad Panamericana y abogado constitucionalista, Samuel García tendría que avisar al Congreso local que ya no quiere la licencia que había solicitado para poder seguir siendo gobernador.
“Mientras no haga eso, aunque él lo diga y publique en el periódico oficial un acuerdo en el que dice que reasume, él no puede hacer eso”, señaló en entrevista.
