La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propuso a la Secretaría de Hacienda un proyecto de inversión de 30 millones 174 mil pesos para blindar su zona militar 9 en Culiacán, Sinaloa para proteger a las familias que viven en los conjuntos habitacionales militares, luego de que el pasado 17 de octubre de 2019 fuera atacada por integrantes del crimen organizado durante el llamado “culiacanazo”.
“Las condiciones de seguridad que ofrecen las bardas perimetrales que resguardan las instalaciones tanto del Campo Militar como de las Unidades Habitacionales Militares resultaron insuficientes (...) cuando grupos delincuenciales irrumpieron, amenazaron y efectuaron disparos dentro de las casas habitación, y hacia el interior del Campo Militar”, señaló la dependencia en un documento al que El Sol de México tuvo acceso.
En el llamado “culiacanazo” o “jueves negro” ocurrió el 17 de octubre de 2019 cuando en un operativo de fuerzas federales se detuvo a Ovidio Guzmán, alías El Ratón, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Tras la captura de Ovidio Guzmán, comenzaron bloqueos y balaceras en la ciudad, incluidas algunas en la zona militar 9, hasta que las autoridades decidieron liberarlo.
Luego de este incidente, el 18 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, ya que estaban en riesgo muchas vidas humanas. “No se trata de masacres, se decidió proteger la vida y yo estuve de acuerdo con eso”, dijo.
El proyecto que ahora propone la Sedena consiste en la construcción de bardas perimetrales que cuenten con las características necesarias para proporcionar seguridad hacia el interior de las instalaciones, a desarrollarse de junio a diciembre de 2021, y con el que se busca garantizar la seguridad de los 800 efectivos militares que laboran en el Campo Militar y la calidad de vida de las 96 familias de las Unidades Habitacionales.
En caso de que el proyecto no se realice, la Sedena contempla una segunda alternativa: establecer 60 elementos militares más en ambas zonas, lo que representaría un costo de dos mil 158 millones 245 mil pesos a 20 años. Sin embrago, esta medida para la dependencia resulta insuficiente debido a la extensión perimetral de la zona militar.
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