Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, debe saber como abogado que los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales prescriben qué debe hacer el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y cuáles son las reglas para proceder al efecto “de manera inmediata”. En consecuencia y en relación con los trágicos sucesos del llamado Paso Express a Cuernavaca la Procuraduría General de la República tiene -o tuvo- la obligación de actuar “de manera inmediata”. ¿Lo ha hecho? No lo sabemos, pero el propio secretario de Comunicaciones dio a entender qué él ya lo hizo (¿en lugar de la Procuraduría General?).
Para empezar ha manifestado que obras como el Paso Express señalado “implican riesgos” (¿al extremo de anular la posible responsabilidad penal y administrativa?) porque lo acontecido fue un “accidente” y “gajes del oficio”. ¡Asombroso! Y luego ha añadido: “hay que atenderlo con toda responsabilidad, con apego a la legalidad y si hay alguna responsabilidad afrontarla con mucho gusto” (sic). Lo extraño es que él (¿en vez de la Procuraduría General?) haya pedido un peritaje al Colegio de Ingenieros “para determinar las causas que ocasionaron el socavón”. Lo terrible, por decir lo menos, es que Ruiz Esparza ha reconocido que las víctimas fallecidas “estuvieron unos momentos adentro, no sé cuánto, la verdad, pero lamentablemente les cayó tierra encima hasta que fallecieron”. Aquí, obviamente, se debe investigar a fondo la probable comisión de homicidios culposos. ¡Se trata de vidas humanas!
Ahora bien, es indudable que las palabras del secretario de Comunicaciones confunden más que aclaran, como lo es que la Procuraduría General debe acatar los términos de los artículos 212 y 213 ya citados hasta cumplir cabalmente con lo dispuesto para la averiguación en el párrafo segundo del artículo 212, a saber: “realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión”. ¿Se quiere más claro?
Repito, la Procuraduría General de la República tiene una obligación ineludible a la que someterse. En un caso como el del Paso Exprés a Cuernavaca son muchas las dudas que surgen. Allí tuvo que intervenir desde el primer momento la Procuraduría General respetando por supuesto la posible participación, si procediera, de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo cierto es que abundan las sospechas cuando las cosas no se ven con claridad. Yo no me atrevería a culpar a nadie en concreto, pero es imprescindible una investigación oficial de los hechos por quien debe llevarla a cabo con la autoridad que le confiere la ley. Esas palabras, “gajes del oficio”, tal vez pronunciadas con descuido, han sido sin duda un agravio a los deudos de las víctimas y a la sociedad.
En tal virtud que hable oficialmente quien deba hablar por mandato de la ley, realizando la indagación de lo sucedido, insisto, “de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión”. Por eso, concluyo, la sociedad se halla insatisfecha, temerosa y manejando versiones que no ayudan en nada ni a nadie, porque no se ve ni se sabe hasta ahora de una investigación de esa clase.
@RaulCarranca
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