“El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio (como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día”, escribió en redes sociales Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, este sábado. El contexto es el pleito con The New York Times del Presidente de México y las filtraciones de teléfonos, hasta el de uno de sus hijos. “Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, “infringe las normas de la comunidad“. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío”, dijo ayer el mandatario sobre el tema.
A la sombra…
Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), representa un claro ejemplo de cómo figuras controvertidas de administraciones anteriores logran mantener su influencia en la política actual. Al convocar a los sindicatos del país a defender el voto en favor de Claudia Sheinbaum y asegurar la continuidad del proyecto de AMLO, Esparza no solo demuestra su capacidad para movilizar el apoyo sindical, sino que también evidencia su interés en permanecer cercano al poder.
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Su muy cacareada participación en el “Primer Encuentro Nacional con organizaciones sociales y civiles por la Cuarta Transformación” subraya una estrategia de alineación con el movimiento político en turno, buscando preservar su relevancia y poder dentro de la nueva estructura gubernamental. Este tipo de maniobras destaca la habilidad de Esparza para navegar en el entorno político mexicano, manteniendo su posición a pesar de las críticas y controversias que puedan rodear su figura y gestión pasada.
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Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados del PRI, urgió a un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas para prevenir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, advirtiendo sobre el riesgo inminente para la democracia mexicana. En el XIX Congreso Nacional de Abogados, destacó la apatía de la federación hacia la colaboración con entidades locales y la negativa a reconocer la gravedad del problema.
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Moreira Valdés enfatizó la atracción del crimen organizado por el poder público y la necesidad de un consenso similar al logrado por otras naciones frente al terrorismo. Ante la realidad de candidatos reacios a postularse debido a la violencia y un aumento alarmante de homicidios dolosos bajo la actual administración, el legislador coahuilense señaló el deterioro de la seguridad pública como una amenaza directa a la estabilidad democrática del país.
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Que José Ucelay quiere expandirse en Estados Unidos y México este año, con sus joyerías Uno de 50, las cuales tienen una nueva identidad de marca que pretende dar una imagen más fresca. Para crecer, Ucelay le encargó a sus hijos David y Aser hacerse cargo de este país. Los de Madrid van por un público de entre 30 y 50 años.
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El 13 de marzo de 2024, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México, incluidos los estados de Nuevo México y Texas, así como los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Laredo y Tamaulipas, se reunirán en una sesión del Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos EU-México. La reunión será en la Ciudad de México y tiene como objetivo discutir asuntos operativos de los puentes y cruces fronterizos internacionales actuales y propuestos, además del intercambio de información técnica y opiniones sobre políticas.
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Dicen los enterados que la Universidad Autónoma de Chapingo, cuyo rector es Ángel Garduño García, adjudicó el contrato de monederos electrónicos para 2024 a Monederos Pay Company, ignorando que la empresa no cumple con el requisito de autorización del SAT y carece de experiencia, capacidad financiera y un domicilio operativo. Esta decisión, que contraviene los requisitos de la convocatoria y antecedentes de prácticas similares con resultados negativos para los trabajadores, levanta interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso.
