/ miércoles 12 de agosto de 2020

A la sombra | Miguel Messmacher Linartas

Fuente: SESNSP / Gráfico: Luis Calderón

“Miguel, adjunto los datos de Luis Weyll, director general de Braskem/Odebrecht, quienes piden se revisen 150 millones de dólares de IVA que han acumulado de equipos importados para el proyecto Etileno XXI. Te agradezco si alguien en el SAT los puede recibir y escuchar. Un abrazo y gracias”, le escribió Emilio Lozoya Austin a MIGUEL MESSMACHER, el miércoles 6 de noviembre del 2013 a las 18:03 horas. El primero era el director de Pemex y el segundo, al que le pedían el favor, era el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

***

Dicen los que saben que los principales beneficiados con la decisión de Jorge Arganis Díaz Leal para desaparecer la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, son ni más ni menos que los piratas informáticos y los charlatanes que venden espejitos al menos brillante, pues, con la falta de inversión y de un programa para fortalecer los sistemas digitales del gobierno, las dependencias cada vez son más vulnerables a los secuestros de información y a la obsolescencia.

***

Recordemos que ya han sido víctimas de estos ataques el Banco de México y Petróleos Mexicanos, y que los delitos cibernéticos son todavía más riesgosos para un gobierno cuyas políticas públicas se basan en el reparto de recursos a través de máquinas inservibles y licencias vencidas.

***

Ante el caos que generó el titular de la SCT, se informó de inmediato al interior de la cuatroté que la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, continúa trabajando en los proyectos y programas a favor de los mexicanos, como lo ha hecho desde el inicio del sexenio. Pero su puesto ya no existe, ni la subsecretaría, ni nada. ¿Quedó claro?

***

Que el que anda muy triste por este ajuste es Yang Peng, el director general de Huawei en México, pues ya habían hecho un gran trabajo de acercamiento con Salma Jalife, incluso les habían organizado un taller de ciberseguridad para los servidores públicos, con todo y las alertas que ha lanzado el Gobierno de Estados Unidos a sus aliados para que no utilicen la tecnología de Ren Zhengfei.

***

Aunque en el pasado era frecuente saber de personajes que pedían dinero a cambio de favores políticos, en esta administración hay dependencias que tienen “cero tolerancia” a esas prácticas de corrupción.

***

Que si no lo cree, ejemplo de ello es el operativo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, para detener a un sujeto dedicado a extorsionar empresarios haciéndose pasar por funcionario público.

***

El delincuente identificado como Santiago “N” fue aprehendido con 500 mil pesos en efectivo, que le habían sido entregados para supuestamente descongelar las cuentas de una agencia automotriz.

***

Que no hay para cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) resuelva el tremendo rezago de un millón de expedientes que registraba antes de la pandemia, más los que se acumularon durante los cuatro meses que se mantuvo cerrada por el problema sanitario. Existen demandas que tienen hasta una década que no se resuelven.



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Fuente: SESNSP / Gráfico: Luis Calderón

“Miguel, adjunto los datos de Luis Weyll, director general de Braskem/Odebrecht, quienes piden se revisen 150 millones de dólares de IVA que han acumulado de equipos importados para el proyecto Etileno XXI. Te agradezco si alguien en el SAT los puede recibir y escuchar. Un abrazo y gracias”, le escribió Emilio Lozoya Austin a MIGUEL MESSMACHER, el miércoles 6 de noviembre del 2013 a las 18:03 horas. El primero era el director de Pemex y el segundo, al que le pedían el favor, era el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Dicen los que saben que los principales beneficiados con la decisión de Jorge Arganis Díaz Leal para desaparecer la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, son ni más ni menos que los piratas informáticos y los charlatanes que venden espejitos al menos brillante, pues, con la falta de inversión y de un programa para fortalecer los sistemas digitales del gobierno, las dependencias cada vez son más vulnerables a los secuestros de información y a la obsolescencia.

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Recordemos que ya han sido víctimas de estos ataques el Banco de México y Petróleos Mexicanos, y que los delitos cibernéticos son todavía más riesgosos para un gobierno cuyas políticas públicas se basan en el reparto de recursos a través de máquinas inservibles y licencias vencidas.

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Ante el caos que generó el titular de la SCT, se informó de inmediato al interior de la cuatroté que la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, continúa trabajando en los proyectos y programas a favor de los mexicanos, como lo ha hecho desde el inicio del sexenio. Pero su puesto ya no existe, ni la subsecretaría, ni nada. ¿Quedó claro?

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Que el que anda muy triste por este ajuste es Yang Peng, el director general de Huawei en México, pues ya habían hecho un gran trabajo de acercamiento con Salma Jalife, incluso les habían organizado un taller de ciberseguridad para los servidores públicos, con todo y las alertas que ha lanzado el Gobierno de Estados Unidos a sus aliados para que no utilicen la tecnología de Ren Zhengfei.

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Aunque en el pasado era frecuente saber de personajes que pedían dinero a cambio de favores políticos, en esta administración hay dependencias que tienen “cero tolerancia” a esas prácticas de corrupción.

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Que si no lo cree, ejemplo de ello es el operativo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, para detener a un sujeto dedicado a extorsionar empresarios haciéndose pasar por funcionario público.

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El delincuente identificado como Santiago “N” fue aprehendido con 500 mil pesos en efectivo, que le habían sido entregados para supuestamente descongelar las cuentas de una agencia automotriz.

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Que no hay para cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) resuelva el tremendo rezago de un millón de expedientes que registraba antes de la pandemia, más los que se acumularon durante los cuatro meses que se mantuvo cerrada por el problema sanitario. Existen demandas que tienen hasta una década que no se resuelven.



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