Cosas extrañas están ocurriendo en el proceso del concurso mercantil del ingenio Puga y la empresa Copaco, propiedad de la familia García Arce, quien “se llevó al baile” a medio centenar de acreedores, obreros y cañeros, a quienes les adeuda unos 5 mil millones de pesos, y al que nos hemos referido en esta columna en varias ocasiones.
Hasta hoy, el conciliador de dicho concurso no había recibido propuestas de los grupos Zucarmex/Altor y Grupo Azucarero México que han manifestado interés en adquirir la fábrica azucarera, lo que resulta medio sospechosos pues, al parecer, ambos estarían dejando pasar el tiempo para que el juez declare la quiebra y puedan negociar la compra de la deuda con los acreedores a 10 centavos por cada peso, si bien les va. Sólo la empresa Sucroliq, que encabeza el cartel de acreedores, propuso hace un par de semanas al susodicho un esquema para rescatar el ingenio, ponerlo a operar, pagarles a obreros de inmediato, y a cañeros y al medio centenar de acreedores hasta el total de sus deudas, en un plazo razonable.
Según los enterados, el conciliador tiene hasta el mes de junio del próximo año para tomar una decisión (aceptar propuestas, analizarlas y presentárselas al juez de la quiebra quien decidirá qué hacer con el negocio), pero entre más se tarde, el ingenio corre el riesgo de no hacer la zafra 23/24, con las consecuencias que eso significa sobre todo para los obreros, quienes dicho sea de paso se está “muriendo de hambre”, pues llevan más de un año sin recibir un quinto porque el ingenio está cerrado.
Los afectados temen que tanto el conciliador como el juez de la causa podrían caer en la tentación de “aliarse” con Zucarmex/Altor o con el Grupo Azucarero México (no hay que olvidar que Juan Cortina Gallardo presume de haber convencido al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a César Yañez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, para que le asignen la fábrica azucarera). ¿Será posible tanta perversidad? Bueno, hay que recordar que, durante más de un año, el mandatario estatal se dedicó a “marear” a los obreros con el cuento de que Grupo Azucarero México abriría el ingenio y les pagaría a los obreros, lo que nunca ocurrió.
Para evitar la maledicencia pública, urge que el conciliador de la quiebra de COPACO y PUGA tome una decisión con las propuestas que le presenten los interesados en quedarse con el ingenio. Entre más se tarde crecerá la sospecha de un posible “juego sucio”, pero además pondría en riesgo la fuente de trabajo de los obreros y la pérdida de los recursos de los acreedores.
Por cierto, uno de los protagonistas en este asunto del concurso mercantil, es Fernando Aportela, quien fue subsecretario de Hacienda en la administración pasada, quien es dueño de Altor, y que en sociedad con AMERRA Capital Management – fondo de inversión norteamericano que tiene demandado el gobierno Federal-- compró los derechos litigiosos de Puga., para ponerlos a disposición de Zucarmex. Buen negocio, pues.
