Antena / La “osamenta” de Morena

Ha concluido la LV legislatura del Congreso de la Unión, sin nada memorable que destacar, sólo los recuerdos de debates ofensivos, reformas inconstitucionales y la muestra de la polarización que se vive en el país (los buenos y los malos). Pero, en esos últimos días de sesión se acostumbra en la praxis legislativa, pasar “bolas rápidas” (afores) o dejar sembradas iniciativas como una especie de herencia para los que vienen.

Y eso, es lo que busca hacer Morena al promover una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para permitir que los medios públicos puedan comercializar, lo que constitucionalmente está prohibido.

Nótese que incluso el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) que es el modelo que se diseñó constitucionalmente como paradigma de un medio público se instituyó constitucionalmente sin fines de lucro, por lo que es inentendible que una reforma secundaria pretenda modificar decisiones políticas fundamentales plasmadas en la Constitución.

En ese tenor, es notorio que existen disposiciones constitucionales que expresamente prohíben que los medios públicos tengan fines de lucro, como podría ser la venta de publicidad comercial, luego entonces, devienen en inconstitucionales las propuestas de reforma que pretenden derogar de la ley, los principios enunciados.

Durante el régimen de la 4T hemos visto que el presupuesto del SPREM ha aumentado considerablemente, y no solo el crecimiento presupuestal sino la asignación de nuevas estaciones a dicho organismo, desde 2021 creció casi 5 veces en recursos presupuestales, además de que aumentó su infraestructura de 33 a 57 estaciones.

Por otra parte, de acuerdo a la Constitución, los medios públicos deben ser institucionales y no voceros gubernamentales ni medios propagandísticos del gobierno, cómo se puede explicar que la programación recurrente sea abiertamente propagandista, transmitiendo “la mañanera” en lugar de un noticiario plural, cuando, incluso la “mañanera” ha sido sancionada en materia electoral, o que se usen los recursos públicos del SPREM para difundir -en su momento- biografías y semblanzas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Con independencia de los señalamientos de notoria y evidente inconstitucionalidad, si se permite que los medios públicos puedan comercializar publicidad, se corre el riesgo de que los anunciantes, particularmente grandes empresas, sean extorsionados o presionados por el gobierno para que adquieran publicidad, con afectación no sólo para los anunciantes, sino también para los concesionarios comerciales y para las audiencias.

A estas alturas resulta un insulto a la inteligencia del Congreso, dejar sembrada una “osamenta de reforma legal”, que nos hace recordar hace tres décadas, cuando una mujer “adivina” llevó a las autoridades de justicia a desenterrar una “osamenta” de un legislador desaparecido, resultando una farsa, tal y como esta iniciativa.