Garantizar la seguridad pública a la población es responsabilidad del Estado; es decir, es una obligación de todos los servidores públicos a contribuir a la seguridad física y patrimonial de las y los mexicanos. Cada uno de los que servimos a la nación por encargo popular debemos asumir esta misión con responsabilidad, ética y estricto apego.
La Cámara de Diputados ha hecho su parte. Este pasado 14 de septiembre en la Cámara de Diputados aprobamos en mayoría el dictamen para mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. La reforma fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. La mayoría de las y los diputados asumimos cabalmente nuestro compromiso por velar por la seguridad de la ciudadanía.
Votar en contra de la permanencia del Ejército en asuntos de seguridad a la población es votar en contra de las mexicanas y los mexicanos. Estar en contra es dar la espalda a la voluntad ciudadana. Hay que recordar que las fuerzas federales, el Ejército y la Marina gozan de los más altos niveles de confianza por parte de la población. En los últimos años, las Fuerzas Armadas en México han gozado de altos niveles de simpatía ciudadana: la Marina y el Ejército están dentro el radar de confianza poblacional; es decir, cuentan con un respaldo popular precisamente por los altos niveles de preparación militar, disciplina y formación en valores que tienen cada uno de los elementos que portan orgullosamente su uniforme y defienden el lábaro patrio en todo el territorio, con todo su corazón, pleno conocimiento, técnica y estrategia.
Los sondeos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI) revelan los altos niveles de simpatía y confianza de la población hacia las fuerzas armadas. También la Encuesta Mundial de Valores y por Latinobarómetro, muestran que las y los mexicanos han dado su apoyo al Ejército y la Marina para que brinden tareas de seguridad a las familias. Por eso resulta bastante viable y lógico la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de convocar a una nueva consulta popular para dar respaldo y certeza jurídica a las fuerzas armadas en su ejercicio de garantes de seguridad pública. El mandatario nacional reveló el contenido de lo que sería esta nueva encuesta: “¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y en su desempeño hasta ahora?, ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? y ¿Cuál es tu opinión: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como son las Guardias Civiles de otros países o que dependa de la Secretaría de Gobernación".
El Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó un anteproyecto de presupuesto por más de 14 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023 y proyecta destinar más de 4 mil 25 millones de pesos ante un eventual ejercicio de democracia participativa como lo es la consulta popular. De prosperar esta iniciativa del presidente de México, el INE debe ajustar sus presupuestas y adoptar medidas para la práctica de esta consulta nacional que brinde certeza a las tareas de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública.
En un contexto complicado con varias deudas históricas y rezagos pendientes que fueron producto de la corrupción de gobiernos anteriores, hoy más que nunca urge resarcir los daños causados a la sociedad ante la ola de violencia. Se ha logrado reducir los índices de homicidios dolosos. Sí. Pero el desafío aún es grande. Y para esto se necesita involucrar a todos los servidores públicos e instituciones. El Senado de la República debe asumir su tarea y el rol que le corresponde.
*Diputado Federal (MORENA)
