La semana pasada en la Cámara de Diputados reformamos diversas leyes, entre otras, la Ley Federal del Trabajo. Esa reforma se centró en tres ejes básicos: primero, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para transitar hacia una justicia laboral impartida por los poderes judiciales, federales y locales.
Segundo, la creación de un organismo autónomo e independiente en materia laboral que será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que tendrá una función primordial para la regulación sindical y su transparencia; y finalmente tenemos el tema de la democracia en los sindicatos.
Como antecedente de lo anterior está la reforma constitucional de febrero del 2017 que ordenó las modificaciones legales de las que hablamos. También tenemos el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Este convenio data de 1949. En México apenas lo ratificamos el año pasado.
¿Por qué pasó tanto tiempo en México para que pudiéramos adoptar normas jurídicas que garantizaran el mínimo derecho intrínseco que conlleva cualquier organización: la democracia interna?
La primera aproximación nos lleva al control corporativo asociado con las elecciones. La evolución electoral mexicana conllevó a que el partido que dominó el panorama electoral por décadas, en parte se nutría de sus estructuras clientelares que tenía su base primordial en los sindicatos. Éstos controlaban a sus agremiados a partir de una cúpula de poder sindical -también privilegiados de la política partidista, nacional y local- utilizando las plazas, beneficios y prebendas sindicales como zanahoria de control.
A partir de las razones anteriores, resultaba contra sistema el plantear que las organizaciones sindicales pudieran tener una vida interna real que fuera ajena al control político; y eso fueron durante muchos años los sindicatos: la carne de cañón del “partidazo”.
Para partir ese esquema tan arraigado, la reforma laboral contiene dos temas fundamentales: la democracia interna y la transparencia.
El control de los recursos sindicales siempre ha sido un tema oscuro para todos (agremiados incluidos); por lo que ahora se contemplaron esquemas obligatorios para rendir cuentas y transparentarlas hacia los trabajadores y la autoridad, e incluso se previó un tema más reforzado sobre las responsabilidades -sindicales, civiles o penales-.
