El 29 de septiembre un grupo de policías comunitarios de la comunidad Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, ubicado en la región de La Montaña del estado de Guerrero, detuvieron a Angélica, una joven de 15 años, junto con su tía de 70 años y sus tres hermanas menores de 8 años, debido a que la adolescente fue acusada de escapar de la casa del padre del hombre con el que la obligaron a casarse, quien, además de explotarla laboralmente durante 4 años, había intentado violarla en cuatro ocasiones.
Antes de ser liberadas con la intermediación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEG) y de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, la adolescente y sus hermanas estuvieron aproximadamente dos semanas custodiadas por las autoridades de seguridad autonómica, debido a que su agresor exigía a los padres de la menor que le entregaran 210 mil pesos, monto que representa el doble de lo que pagaron por ella cuando concertaron el matrimonio infantil forzado.
La venta de niñas y adolescentes en las localidades rurales de México es una actividad recurrente y, en muchos casos, tolerada por las autoridades locales con la justificación del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, lo que hace pensar que su abolición sería el primer paso para salvaguardar los derechos humanos de niñas y mujeres en nuestro país.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2014 y 2018 la proporción de matrimonios y uniones tempranas mantuvo un comportamiento constante, pues en 2014 las mujeres de 20 a 24 años que declararon haberse casado o unido antes de los 15 años fue de 3.7% y, para 2018, el 3.6% de las mujeres se encontró en una unión o matrimonio temprano antes de los 15 años.
Destaca que, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, las entidades con mayor porcentaje de mujeres que tienen entre 15 y 54 años de edad y declaran haberse casado antes de cumplir 18 años son Guerrero (46%), Chiapas (42%), Tabasco (41%), Campeche (40%) y Michoacán (38%).
Al desglosar los datos entre zonas geográficas descubrimos que la prevalencia del matrimonio infantil es mayor en zonas rurales, donde se observa que la proporción de matrimonios entre mujeres de 20 a 24 años, antes de los 15 años, fue de 6.0%, en tanto que entre las residentes de zonas urbanas registra un 3.0%. En el caso de las mujeres hablantes de lenguas indígenas que declararon haberse casado o unido antes de los 15 años, la proporción de matrimonio infantil es de 8.1%, en contraste con el 3.4% en no hablantes de lengua indígena.
La complejidad de este fenómeno puede explicarse a partir de las condiciones materiales de las niñas y niños que viven en hogares donde se habla alguna lengua indígena. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI indica que el porcentaje a nivel nacional de las niñas y niños indígenas que disponen de drenaje, energía eléctrica y piso firme en sus viviendas a nivel nacional es del 61%, a diferencia de los hogares no indígenas que disponen de las condiciones materiales y servicios básicos en un 81%. Estas cifras reflejan el fracaso de varias administraciones federales en hacer un país más igualitario y darle oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas.
Particularmente, Cochoapa El Grande es el municipio con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país, con 0.362, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es decir, su población vive en una situación comparable e inferior a naciones que enfrentan problemas de inestabilidad política, pobreza extrema y una baja esperanza de vida como Liberia (0.367) y Guinea-Bissau (0.361).
Ante este escenario, es preciso destacar que la restricción para contraer matrimonio antes de los 18 años se estipuló en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, y se incorporó en el Código Civil Federal a partir del año 2019; sin embargo, la prevalencia del matrimonio forzado con menores de edad continúa realizándose de forma encubierta, sobre todo bajo el régimen de usos y costumbres en estados como Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Las implicaciones que acarrea el que una niña contraiga matrimonio en un sistema de usos y costumbres representa una violación sistemática de su libertad y de sus propios derechos humanos, pues la condena a un embarazo a temprana edad que pone en riesgo su vida, al mismo tiempo que mina su autonomía individual y anula las capacidades que potencialmente podría desarrollar a través de la educación y del ejercicio profesional.
El que una mujer gobierne hoy Guerrero y se comprometa a erradicar la venta de niñas da esperanza a que podamos cambiar el presente y futuro de toda una generación. El actuar de la nueva gobernadora Evelyn Salgado puede ser un parteaguas para erradicar, de una vez por todas, las prácticas de violencia contra la mujer cobijadas por el sistema de usos y costumbres. Es una oportunidad única que, de no aprovecharse, estaría condenando a miles de niñas a seguir viviendo en la violencia y la desigualdad.
