La misma semana en la que la UIF exoneró a Pío López Obrador de cualquier delito por el video en el que se le ve recibiendo alguna cantidad de dinero de David León, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años como funcionario público a Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por presunto conflicto de interés.
Dos tristes señales de que en México la justicia se sigue aplicando con fines políticos.
La SFP lo acusa de haber firmado en 2017 un permiso de comercialización de combustible a Demarca, filial de Santa Fe Gas Natural, encabezada por Santiago García Castellanos, primo hermano de la esposa de García Alcocer.
El tema fue originalmente ventilado en la mañanera del 15 de febrero de este año por el presidente López Obrador. No importó que el propio García Alcocer demostrara ese mismo día que, en ese caso concreto, se excusó de participar, precisamente por ese parentezco.
“Desde 2016, año en que asumí el cargo de Comisionado Presidente de la CRE, puse a disposición del público y las autoridades competentes, mi declaración de intereses, la cual se encuentra disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública.”
El pasado jueves puso un tuit reiterando que todo esto le parece una injusticiay que seguirá impugnando esta resolución, no para trabajar en la 4T, sino para cuidar su nombre.
Uno puede entender la política nacionalista en materia energética del presidente López Obrador, pero no que acuse a los que no piensan como él de delincuentes. Inventar delitos es extralimitarse en su poder y minar la democracia.
Él supone que todo lo que tuvo que ver con reformas estructurales fue sólo producto de la corrupción, sin matizar que hubo muchos funcionarios que en realidad creyeron (y creen) que ése era el camino. De ahí a que todo fue lodo y mugre, hay una distancia.
El mismo dictamen de la SFP deja de lado el posible conflicto de interés personal de García Alcocer y se centra en un argumento político, no técnico: “durante en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación”.
¿No bastaba con mostrar desacuerdo con aquellas políticas y emprender las propias?, ¿para qué criminalizar?, ¿no es rudeza innecesaria usar todo el aparato judicial para remover adversarios?
Parece que sí, sobre todo si lo hace vía la Secretaría de la Función Pública que al mejor estilo de Virgilio Andrade exonera a los propios (Bartlett, ella misma, Irma Eréndira Sandoval) y ataca a los adversarios (Nexos, el propio García Alcocer).
En el USB…
El caso de Guillermo García Alcocer nos recuerda el de Miguel Lozada, ex director de Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), quien fue señalado por López Obrador en una mañanera de estar implicado en los desvíos millonarios de la Estafa Maestra.
Se supone que habría firmado un convenio irregular con la Universidad de la Chontalpa, que habría causado un perjuicio al erario por 82 millones de pesos. En fast track fue inhabilitado 10 años por la SFP.
Pero hete aquí que el 4 de septiembre de 2019, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur revocó el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la carpeta de investigación FED/DECC/FECC-CDMX/0007/2019, a favor del quejoso, quien se inconformó por las acusaciones.
El juez no encontró más que acusaciones emocionales y nada concreto. No quiere decir que no haya existido todo el entramado, sólo que éste implicado no fue culpable.
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