En estos días que hemos visto cómo se despliega la “fase final” del proceso electoral, relativa a la revisión de la cuantificación del voto y la distribución de cuotas democráticas, sus aspectos judiciales y su calificación para “sellar” el proceso con el “acta de mayoría” y la “declaración de presidente electo”.
Mientras se despliega este proceso, al menos hasta septiembre, también hemos visto un suceso inédito de transición de gobierno, dónde no sólo se designan a responsables de diversas carteras estratégicas del Estado mexicano, sino que a su vez, se delinean las políticas públicas a seguir en la próxima administración.
Los escenarios del país y del ambiente internacional que visualizamos a principios de año como amenazas, se han materializado para reconfigurar nuevamente el tablero de decisiones y ajustarse a nuevas realidades, entre ellas el neopopulismo, la guerra comercial, la depreciación del tipo de cambio y un fuerte estrés económico con alzas en las tasas de interés y expectativas aún altas de inflación.
En esto contexto, también surgen nuevos ejes en la relación de México con EEUU, no sólo por la urgente conclusión del TLCAN y fijar, de manera definitiva, el rol de nuestro país en un nuevo tablero del juego, en una globalidad que pareciera reconfigurarse a nivel ideológico y probablemente a nivel institucional.
Los ejes han sido planteados por el equipo de transición de gobierno de México en derechos humanos, seguridad nacional, migración, corrupción y libre comercio para integrar, con pilares sólidos una nueva relación con EEUU y estar en posibilidades de reorientar el desarrollo de México y América Central en una alianza para el desarrollo, donde EEUU tenga un papel preponderante en su financiación.
Cuando un país tan prevalente en mercados, sistemas de financiamiento y control militar de regiones enteras del planeta cambia su eje estratégico “hacia adentro”, no sólo sorprende a los analistas que consideran estas ideas como anacrónicas o retrógradas, sino que mueve mercados, genera nuevas prospectivas y escenarios políticos. Es en este punto, donde vemos con mayor claridad la disruptiva forma de actuar del presidente Trump que amaga a sus socios comerciales del TLCAN y la Unión Europea, a los organismos multilaterales e incluso a sus aliados militares de la OTAN con un enfoque diferenciado de seguridad nacional y de seguridad global.
Por tanto, el tema de seguridad nacional ha escalado en la toma de decisiones, porque es parte de la lógica neopopulista contar con enemigos sólidos y claros, para amalgamar sus propuestas, políticas e instrumentos de acción, no para resolver problemas, sino para ganar simpatías y llegar a mayorías que puedan realmente implantar un cambio duradero en las instituciones y las leyes de ese país. Con el argumento de seguridad nacional se generan barreras comerciales, políticas migratorias más estrictas y políticas industriales activas para restablecer la supremacía industrial y militar de EEUU.
Dentro de los nuevos ejes para la configuración de una nueva realidad global se encuentra el aumento sistemático y significativo del contenido nacional de los bienes y servicios que concurren a un mercado nacional, aunque globalizado, nacional al fin, en territorio, reglas de comercio y marco fiscal.
Hoy, 4 pesos de cada 10 pesos que exportamos desde México son de origen nacional y varía de rama industrial en rama industrial, donde en paralelo, sólo el 28% del PIB se otorga en financiamiento al sector privado, mientras el 72% del crédito al sector privado es otorgado por los proveedores. En cambio el financiamiento a este sector en EEUU equivale al 133% de su PIB y en la mayoría de países avanzados se encuentra arriba del 80%.
Otro aspecto, del que no se ha tomado nota de manera formal y seria, es cómo usar el “poder de compra” del Estado para apuntalar la base empresarial y fomentar el crecimiento de las PYMES. Este tema es controversial en el TLCAN 2.0, ya que las políticas públicas de compras de gobierno de Canadá y EEUU no son una simulación como sucede en nuestro país, sino que realmente se mantienen RESERVAS DE MERCADO de compras públicas para PYMES y minorías, cercanas al 30%, además de contar con sistemas de apoyo reales para acceder a las licitaciones en un primer momento, pero una vez ganada la licitación se activan otros mecanismos, tanto financieros como técnicos, para cerrar los contratos con éxito y diversificar a la PYME antes de la conclusión del mismo.
Lo lamentable es que estas políticas llevan implantadas más de 30 años en nuestros socios comerciales y las políticas que contamos en México se basan en la simulación, en los eventos y en servicios genéricos que no llegan, ni a mejorar la productividad, ni a detonar la innovación de las PYMES involucradas, las cuales adquieren un alto riesgo de participar en este tipo de operaciones, con un alto riesgo de impago y vulnerabilidad derivadas de sus reglas y diversos requisitos.
Es por ello que, cuando en las negociaciones del TLCAN se busca avanzar en las compras públicas de los tres niveles de gobierno y otras agencias gubernamentales, lo que vemos es un gran desconocimiento en México de este potencial y de sus apoyos especializados con la reiterada negativa de propiciar estas reservas, ya que con muchos trabajos apenas se llega al 17% de las compras públicas a PYMES.
