Por Laurence Pantin y Sandra Escamilla
Con la llegada de la cuarta ola de covid-19 a México, algunos juzgados han vuelto a cerrar sus puertas y a suspender plazos y términos, como se vieron obligados a hacer durante gran parte de 2020 y 2021.
En aquel momento, sólo unos pocos poderes judiciales pudieron reanudar sus servicios de manera remota –generalmente aquéllos cuyo avance tecnológico era notable desde antes de la pandemia–. La mayoría no estaba preparada para ello, pero de todas formas la crisis sanitaria los colocó frente a una disyuntiva: o daban un paso decisivo hacia la digitalización o se quedaban paralizados.
Un buen número de poderes judiciales optaron por la primera alternativa. Así, en 2019 eran 18 poderes los que contaban con un expediente electrónico; para junio de 2021 ya eran 25 los que tenían uno. En 2019 sólo ocho poderes judiciales contaban con una plataforma para la presentación de demandas y/o promociones en línea, mientras que para 2021, ya eran 16.
Eso no quiere decir que el interés de las autoridades por el tema haya aumentado. Lo que acaban de leer no proviene de un estudio realizado por una institución pública, sino del Diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en poderes judiciales en México, que desde el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa elaboramos y publicaremos el 9 de febrero.
¿Qué encontramos? Un panorama contrastante. La implementación de herramientas tecnológicas se ha dado de manera diferenciada, no sólo entre poderes judiciales sino también entre juzgados de un mismo Poder Judicial. Mientras existen unos pocos poderes judiciales que han logrado implementar estas herramientas para todos sus juzgados y en todas sus materias, en otros las pocas soluciones tecnológicas implementadas se centran en juzgados de la capital, ya que las comunidades más alejadas generalmente no cuentan con la infraestructura necesaria para adoptarlas.
¿Por qué es importante que los poderes judiciales implementen este tipo de herramientas, aun cuando ya se han empezado a reanudar algunos servicios de manera presencial?
Primero, porque no estamos a salvo de una nueva crisis que cierre de nuevo las puertas de los tribunales. Pero veamos más allá: estas herramientas tienen un gran potencial para transformar los sistemas de justicia, reducir costos y eficientar procesos. Por ejemplo, la digitalización de expedientes ha traído consigo ahorros tanto para los poderes judiciales –piensen en lo que les cuesta imprimir– como para el usuario, que puede consultar los expedientes sin necesidad de trasladarse al juzgado. También disminuye la duración de los procesos. Por ejemplo, en Guanajuato, las audiencias por videoconferencia han hecho que las y los jueces sean más eficientes, pues dejaron de depender de la disponibilidad de una sala de audiencias física.
Finalmente, las herramientas tecnológicas pueden reducir el rezago de asuntos judiciales. Datos del Inegi muestran que en 2020 el número de asuntos ingresados y concluidos en primera instancia fue el más bajo desde 2011, primer año en que se registraron estos datos. Y aunque todavía no contamos con los datos para 2021, todo indica que parte de los asuntos que no se presentaron durante la pandemia se presentaron el año pasado, cuando empezaron a reanudarse las actividades presenciales. Esto implica que los juzgados van a enfrentar una enorme carga de trabajo en los próximos años. Aquí los grandes perdedores no sólo son los funcionarios judiciales, sino también las personas usuarias, ya que la demora en la resolución de asuntos las deja sin posibilidad de acceder a la justicia.
Es un momento decisivo para que todos los poderes judiciales digitalicen sus servicios, si queremos evitar que el acceso a la justicia sea una realidad sólo para algunas personas.
Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Sandra Escamilla (@sandritaeceron) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García.
