La verdad bien puede enfermar, pero no morir del todo.
Miguel de Cervantes
El ciudadano presidente López Obrador es especialista en contradecirse. Es una técnica que usa para confundir a los incautos y alimentar a su feligresía. Recientemente ha puesto a funcionar una nueva operación para renovar y legitimar su reiterado discurso contra la corrupción. El símbolo para ese propósito es el expresidente Enrique Peña.
En efecto, en días recientes el inquilino de Palacio Nacional usó al inefable Pablo Gómez, titular de la UIF, para dar a conocer algunos movimientos financieros de Enrique Peña Nieto, que podrían constituir el delito de lavado de dinero. Esa noticia tuvo gran efecto en los medios de comunicación, lo cual fue interpretado por algunos como la “ruptura del pacto”.
Al día siguiente, en la misa de siete, López Obrador negó cualquier persecución contra el susodicho. Es más, reiteró su reconocimiento y agradeció lo que hizo al mexiquense durante la elección presidencial, por no haber usado los recursos del gobierno para afectar la limpieza en las votaciones. Ese es el estilo del tabasqueño, nadie debería sorprenderse.
También, recordemos, que expresó desde el inicio de su administración que no realizaría “actos de persecución contra ex presidentes” y que proponía darle vuelta a la hoja. En el caso de la pasada consulta para definir si se debería enjuiciar a exfuncionarios, el ex jefe de gobierno dijo que no participaría, pero festejó la iniciativa y forzó a la Corte para que emitiera un resolutivo bizarro para legitimarla.
Con estos bandazos, AMLO ha presionado a la FGR en el caso Lozoya para que presente pruebas de la supuesta lista de altos funcionarios involucrados en actos de corrupción en el caso Odebrecht, incluido el propio Peña Nieto y Luis Videgaray. Así se las gasta el tabasqueño. Simula, promete y hace lo contrario. No es confiable para los acuerdos. Nunca lo ha sido. Casos sobran. Varios excolaboradores podrían testificar.
Hoy, el presidente está atrapado en un serio problema, puesto que el corazón de sus promesas de campaña y el lema de su gobierno fue y es la lucha contra la corrupción y, hasta ahora, no hay un dato de prueba que legalice la detención de altos funcionarios de anteriores sexenios.
Su buscapiés a Peña fue un amago, ante la falta de resultados un disparo propagandístico es lo único que tiene la 4T. En realidad, AMLO y Peña Nieto pactaron una tersa transición y evidentemente acordaron rutas de mutua conveniencia. Sólo ellos saben los términos. Y el silencio mutuo es la regla de oro en las mafias. A eso hay que atenernos. Veremos.
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