Iniciará el próximo mes de febrero, por lo que es conveniente analizar los temas prioritarios que ha señalado el propio presidente la Junta de Coordinación Política, el Senador Ricardo Monreal, los cuales serán de gran trascendencia para la sociedad.
Desde diciembre del año pasado hay temas particularmente polémicos que quedaron pendientes y que deberán desahogarse en la primera mitad del año, nos referimos a la subcontratación, la regulación del cannabis, el fuero y la amnistía; pues incluso al interior de los propios partidos políticos hay posturas encontradas que son del conocimiento de todos.
En ese mismo orden de ideas, también en diciembre se puso sobre la mesa una iniciativa para que todos los temas relacionados con la administración marítima del país, sean facultad de la Secretaría de Marina, lo cual retiraría facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre ciertos permisos de control portuario pero mantendría bajo su cargo a las Administraciones Portuarias Integrales. En la Cámara de Diputados, donde se planteó la iniciativa, la discusión fue postergada así que hay altas posibilidades de que se retome ese debate a partir de febrero.
Por otra parte, el paquete de iniciativas en materia penal, de impartición de justicia y sobre la estructura del Poder Judicial Federal, indican que veremos un cambio de forma y de fondo en materia judicial, por lo que habrá que seguir muy de cerca nombramientos pendientes como el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República y la magistratura vacante de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya hubo una reunión entre el Senador Monreal, en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política y la Presidenta del Senado, la Senadora Mónica Fernández con miembros del gabinete federal como la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Fiscal de República, Alejandro Gertz Manero y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. De dicha reunión hay que rescatar dos elementos de suma importancia: 1) la Senadora Fernández fue enfática cuando destacó que será mediante el formato de parlamento abierto, como se lleve a cabo esta macro reforma y 2) las iniciativas objeto de esta reunión no se presentaron formalmente ante la Comisión Permanente sino que se hará al inicio del periodo ordinario.
En otras palabras, los acuerdos políticos para las reformas del Poder Judicial ya empezaron y será un proceso tan complejo como el de la misma Guardia Nacional, y no es para menos porque estamos hablando de las instituciones que imparten justicia y se ocupan de que se haga cumplir la ley. Seguramente veremos un contrapunteo importante entre la oposición y el partido preponderante pues lo que se debate de fondo es la estructura institucional que sostiene al Estado de Derecho.
Particularmente, en materia económica, está la reforma financiera y la Ley de Economía Circular que pronto será una realidad. Ambos temas merecen un análisis en específico que verán en esta columna pronto, ya que hay puntos muy concretos sobre los que vale la pena hablar.
Hoy, nos referiremos a un tema novedoso: el contenido nacional en servicio Over The Top (OTT), que buscará modificar la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de servicios digitales de contenido audiovisual. Básicamente, se busca que plataformas que ofrecen contenido digital como Amazon Video o Netflix, garanticen que, al menos el 30%, de sus contenidos ofertados sean de producción nacional. En la Unión Europea hay una legislación de alcances similares que potenció al sector de creación de contenidos como películas y series, de forma muy importante, ya que obliga a dichas plataformas a incluir entre su oferta de contenidos, un mínimo de producciones escritas, producidas y filmadas en sus países miembros. Los impactos de esta ley han sido particularmente positivos para países como Alemania y España, que han posicionado sus películas y series en mercados de América Latina y Asia como nunca en su historia, generando una derrama económica importante para la industria productora de entretenimiento.
Finalmente, sorprende gratamente que los temas globales están presentes entre los asuntos prioritarios del Senado, me refiero al cuidado al medio ambiente y combate al cambio climático, así como al derecho al olvido en plataformas digitales. Ambos ya son parcialmente tocados en las leyes mexicanas pero están profundizándose en aras de resolver los retos de nuestra era.
Sobre el cambio climático y el medio ambiente, se buscará reformar la fracción IV del Artículo 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; el artículo 144 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de prohibición de importación de productos químicos que representen un peligro para la salud y el medio ambiente; asimismo, se buscará incentivar la generación y uso de las energías renovables mediante una reforma parcial a la Ley General de Cambio Climático.
Sobre el derecho al olvido en plataformas digitales, la Ley donde se proponen cambios es la que norma la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; sólo para contextualizar, en México hay cerca de 83 millones de personas que navegan en, al menos, cuatro redes sociales donde se intercambia información sensible como ubicación, fotografías, videos, afinidades religiosas y políticas, datos de consumo, grado de estudios, visitas frecuentes a sitios y un largo etcétera. La iniciativa busca ampliar el ámbito del derecho para otorgar a los usuarios la posibilidad de cancelar de las plataformas digitales sus datos personales y, de cierta forma, “borrar” su “vida digital”.
Este próximo periodo trae temas que no podemos perder de vista, hagamos ciudadanía responsable para involucrarnos, como sociedad, en las discusiones que van a llevarse a cabo en el Poder Legislativo.
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