El arranque del nuevo gobierno se da en un contexto desfavorable a nivel global que impregna incertidumbre y volatilidad; nuevos escenarios para el Brexit; además del cambio climático y el neoproteccionismo imperante.
El T-MEC como se negoció no es garantía de certidumbre en este escenario, ya que los demócratas insisten en oponerse si no se corrigen aspectos laborales y ambientales. Las calificadoras financieras internacionales también alertan sobre riesgos derivados de la orientación anunciada de las políticas públicas del nuevo gobierno y su aversión a la democracia participativa del nuevo gobierno. También presentan escenarios ajustados de crecimiento e inversión que se reflejarán en una tasa menor de crecimiento del PIB, altas tasas de interés y con inflación muy por arriba del 3%.
Los analistas nacionales prácticamente escandalizados por la venta del avión presidencial, la cancelación del NAIM y la negociación con los tenedores de bonos, por la militarización que implica el modelo de gendarmería propuesto, por la controversia constitucional sobre el tope de los salarios de los servidores públicos, y en general, por la política energética del país.
Ciertamente la complejidad es alta, dado que a nivel estructural, el sector energético es fundamental y una de las causas del bajo crecimiento del país, que no alcanza a distribuir equitativamente los recursos energéticos a las regiones económicas de México.
Tan solo la “pifia” de las tarifas eléctricas es una muestra de los costos de la incompetencia en órganos reguladores, la neodependencia energética del gas natural y la embrionaria estructura de 70 firmas petroleras que no producen, ponen en jaque los fundamentos de la reforma energética de la administración anterior.
La eficiencia energética y la calidad de la energía es crucial para la competitividad del país, que lejos de mostrarse como fortaleza para la industria, claramente es una amenaza de su entorno económico.
Por ello, la política industrial es un asunto mucho más allá de la secretaria de economía y reclama mayor atención, no solo para generar empleos, que es lo deseable, sino para conservar empleos y empresas altamente vulnerables por la debilidad estructural que se presenta en el sector energético.
La democracia participativa también se realiza mediante “mesas de diálogo” sectoriales y regionales para articular en conjunto, las nuevas reglas de mercado, las cuales deben propiciar más competencia, menores precios, energías renovables y mayor eficiencia, en particular en los usuarios industriales, como mecanismo estratégico de mitigación del cambio climático a nivel productivo.
La energía en la política industrial es indispensable para el desarrollo endógeno del país. Los subsidios a la energía han distorsionado los mercados y las finanzas del sector. Su debilidad estructural inhibe el desarrollo industrial a nivel nacional, pero muy especialmente la que existe en el sur de México.
Una revisión estratégica de las tarifas es fundamental para corregir errores, para fortalecer el órgano regulador y para mejorar las condiciones de los mercados. Los lineamientos de la política eléctrica recien anunciados y los proyectos para la petroquímica pueden transmutar la natural “amenaza” que representa el sector, a ser una verdadera “oportunidad” de negocio que detone inversiones y crecimiento económico.
Por otro lado, la nueva política industrial podría favorecer programas generales de certificación de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de acciones de mitigación dentro de las cuales, la calidad de los combustibles en el mercado, garantice la alta eficiencia de los equipos.
La política industrial de sustentabilidad energética también puede contar con instrumentos financieros para la reconversión de equipos de alta eficiencia y otras medidas de mitigacion. Por supuesto, que un enfoque diferenciado para PYMES es fundamental, debido a que, en la medida que baja la escala de operación, la vulnerabilidad energética es mayor para las empresas.
La cooperación internacional es pertinente en esta materia, para que contribuya con la transferencia de tecnología, el financiamiento, la capacitación y con proyectos demostrativos por sector.
La convergencia de objetivos, instrumentos y políticas públicas es indispensable en las políticas industriales que inducen inversiones en las empresas para mejora su desempeño y su contribucion con los retos locales y globales del desarrollo sostenible. Por ello, la política industrial implica interlocución sectorial con múltiples dependencias y un análisis minucioso de impactos cruzados en la industria y los servicios.
Vicepresidente de Canacintra
