En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, entre muchas otras cosas, señalaba que “... en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
A pesar de ello, el Gobierno de la República, decidió recortar el presupuesto de una política pública de gran relevancia para la niñez mexicana. El Programa de Estancias Infantiles recibió, en 2018, un presupuesto de 4 mil 70 millones de pesos, mientras que para 2019 se destinaron únicamente 2 mil 40 millones de pesos, es decir, se sufrió una reducción del 50 por ciento para su operación.
El Programa cuenta con 9,315 estancias en operación en 1,278 municipios de los 32 estados de la República y atienden a más de 314 mil niñas y niños, lo cual genera un beneficio directo para 311 madres y padres solos que requieren apoyo de cuidado y atención infantil.
Algunos de los servicios que ofrecen las estancias son: Servicios de comedor; actividades pedagógicas; estimulación temprana; actividades de sensoriales; actividades de atención básica; control de esfínter; seguro contra accidentes; promoción de la salud; control de peso y talla; entre otros. Este Programa que hoy ha sido cuestionado por “actos irregulares” en su manejo, en 2012 fue premiado por la ONU con el segundo lugar mundial del Premio al Servicio Público.
La intención del Gobierno Federal, es entregar el apoyo económico de forma directa a los beneficiarios, sin embargo, el monto de mil 600 pesos bimestrales por niña o niño es inferior a lo actual, ya que el subsidio entregado a las estancias en 2018 era de 950 pesos y mil 800 pesos en caso de que tuvieran alguna discapacidad. De la misma forma, se pretende reducir la edad de los beneficiarios que, actualmente es para niños de 1 año a 3 años 11 meses y de 1 año a 5 años 11 meses para niños con alguna discapacidad.
Es fundamental un ejercicio de reflexión por parte del Gobierno, ya que eliminar este servicio implica un perjuicio es para cientos de miles de niñas y niños y sus padres que requieren del cuidado que les dan en esas estancias. Ello sin contar con la afectación de miles de fuentes de empleo generadas por ese Programa. Es urgente que se reasignen recursos para el Programa de Estancias Infantiles, fortaleciendo la inspección para evitar su malversación.
Senadora de la República
