El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del martes 18 de abril, que anuló por inconstitucional la reforma presidencial que formalizaba la adscripción de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional, abrió la posibilidad de que la corporación quede empantanada en el caos administrativo ante un repliegue que no se consideraba fuera a ocurrir tan pronto.
Durante los últimos cuatro años los trabajos para echar a andar la Guardia Nacional en su trazo, configuración y arquitectura han sido un híbrido donde se mezcla la organización de un Cuerpo del Ejército con su estado mayor, brigadas y batallones, más las jurisdicciones territoriales al modo operativo de las regiones y zonas militares. Más allá de qué tan efectivo resulta este experimento, la capacidad de reacción hoy día de la GN está rebasada por la delincuencia.
El fallo de la Corte tiró por la borda la pretensión del alto mando militar de que la GN fuera en la práctica la cuarta rama de las fuerzas armadas, después del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México.
Así se pensó y así funciona hoy día. Para efectos prácticos la GN está dividida en estructura orgánica de la comandancia y jefatura general de coordinación policial. La comandancia tiene una ayudantía y enlace jurídico que son dos de sus áreas fundamentales. Del comandante depende la jefatura general de coordinación policial, que en la práctica es el número dos de la GN, quien tiene su disposición una vocería y oficinas de apoyo donde el grupo de enlace y relaciones públicas, más el de asesoría jurídica y los grupos de seguimiento y análisis conforman el “war room” del alto mando de la corporación. Del número dos dependen las subjefaturas operativa, de planeación administrativa y logística, y la de doctrina.
Si el Ejército y Fuerza Aérea tienen dividido al país en regiones y zonas militares y aéreas, la GN copió el modelo y los llamó coordinaciones regionales, que tienen a su cargo batallones, compañías y destacamentos. Hasta hace poco más de un año el personal desplegado estaba integrado en casi en su totalidad por elementos de la Policía Militar. Un documento interno fechado en 2020 refería que había en todo el país 48 mil 636 soldados de policía militar habilitados como agentes de la GN, contra siete mil 980 civiles que provenían de las filas de la desaparecida Policía Federal.
Regresar el control administrativo, presupuestal y operativo de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que se desmilitarice de facto, pero sí que los ejes sobre los que se mueve la corporación estén fuera del área de la Sedena.
El involucramiento de policías federales con grupos del crimen organizado, que es el argumento central sobre el que se justifica la separación de civiles en labores policiacas, no ha resultado a la fecha en una mejora en la seguridad pública.
Por el contrario la crisis se ha agudizado y los militares en labores policiacas se han involucrado con bandas criminales, han mostrado falta de coordinación con otras corporaciones, mala capacitación de prácticas policiales y elaboración deficiente de documentos oficiales para presentar detenidos. Lo más rescatable son los sistemas de inteligencia y análisis prospectivo, que tienen mapeado al país en su crisis de seguridad interior.
@velediaz424
