Por Mariana Campos
El Gobierno federal dice que va a gastar 650.6 mil millones de pesos (mmdp) en programas de subsidios en 2021, una buena tajada (14%) del gasto programable. Después de alcanzar su máximo histórico en 2015, este tipo de gasto había disminuido, hasta que el año pasado aumentó 8%. En este año supuestamente se reduciría 14% con respecto a 2020, pero no parece probable, porque antes de la elección se gastó con acelerador y sin freno en estos programas: fueron 242.7 mmdp durante el primer trimestre de este año, es decir, 37% del total previsto. En los últimos cuatro años, para iguales periodos, el avance con respecto al presupuesto anual no fue mayor a 31%, porcentaje observado en 2018 (otro año electoral). En 2021 se incrementó 18% en relación con el mismo periodo de 2020, y con relación al presupuesto aprobado se gastó 4% más. Visto de otra manera: superó el avance del gasto de salud, el cual, por increíble que parezca, mostró subejercicio en el primer trimestre.
Durante años hemos acusado el hecho de que no se especifique el destino geográfico de los recursos para estos programas. En el PEF2021, tal es el caso del 24% del total del gasto en programas de subsidios, y del 5% en la Cuenta Pública. El problema es que en esas condiciones no se sabe si se entregarán o no a la población objetivo, y si efectivamente las intervenciones mejorarán el bienestar de los beneficiarios. Por eso, el Gobierno federal debe identificar geográficamente a los beneficiarios de todos programas y los subsidios públicos; es una obligación de transparencia señalada en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Otro de los riesgos del mal gasto en programas de subsidios es la construcción de clientelas políticas o la compra del voto. Un riesgo latente, específicamente en tiempos electorales, es que el Gobierno federal favorezca a los habitantes de los gobiernos locales emanados del partido en común, en detrimento de los habitantes de gobiernos emanados de la oposición.
Llama mi atención que no es posible identificar el destino geográfico en el 11% del gasto en estos programas que tuvo lugar durante el primer trimestre de este año. Además, este gasto opaco aumentó 233% en relación con 2020. Ni la porción ni el aumento son usuales si lo comparamos con lo visto en años anteriores. Se realizó a través de 10 programas, y en nueve corresponde a más del 90% del gasto total del programa; 44% se ejerció en “Producción para el Bienestar”, que además gastó el doble de su presupuesto aprobado. Este programa entrega apoyos directos a productores, pero en su evaluación el mecanismo para ello salió reprobado. Se recomendó fortalecer el acceso de los productores a créditos formales, capacitarlos y asistirlos técnicamente. Hay evidencia de que la entrega de incentivos económicos no eleva el rendimiento agrícola. Los cambios que propuestos en la evaluación buscan fortalecer el programa y su impacto en la población objetivo.
Me preocupa que se gaste de manera desenfrenada en estos programas consentidos, en la antesala de la jornada electoral con más candidatos de la historia. Sus evaluaciones han evidenciado que son una mala apuesta si lo que se pretende con ellos es arreglar problemas o lograr lo que otros programas públicos no han logrado. Pero, además, el Gobierno excede el presupuesto que se les aprueba y no rinde cuentas completas de su gasto. ¿Será más bien que su virtud es la de construir clientelas políticas? ¿Con estas cartas el Gobierno pronto nos va a pedir más impuestos? Urge poner freno.
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*Mariana Campos es coordinadora del programa de Gasto Público en México Evalúa
