El 2019 pinta muy retador, en nuestro país y en el mundo. En lo que se refiere al crecimiento económico, el gobierno estimó para este año un crecimiento de 2% real anual –en un rango entre 1.5 y 2.5%–. Diversos especialistas creen que no se alcanzará ese objetivo. Por ejemplo, la encuesta Citibanamex de expectativas (con fecha del 20 de febrero pasado) arroja un crecimiento de 1.7%. La encuesta más reciente del Banco Central (enero 2019) registra una estimación de 1.8%. Incluso hay analistas que calculan un crecimiento de 1%.
El indicador de actividad industrial en México, en diciembre 2018, tuvo una disminución de -0.4% respecto al mes anterior. Cabe notar que tanto en noviembre y octubre 2018 se observaron caídas en la actividad industrial en comparación con el mes anterior.
Más señales: la producción industrial en Estados Unidos presentó una caída en enero de este año de -0.6%, después de presentar un crecimiento de 0.1% en diciembre 2018. Este comportamiento coincide con otros indicadores internacionales que también sugieren desaceleración en la producción industrial. Las cifras de la Unión Europea presentaron una caída al cierre de diciembre 2018 en la producción industrial de -0.5%, con respecto a noviembre 2018.
La inversión fija bruta –gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción– según INEGI cayó -3.1% en noviembre 2018 respecto al mes anterior. Mientras que la tasa de desocupación a nivel nacional en nuestro país fue de 3.6%, superior tanto a la del mes anterior como en comparación con el mismo mes de 2017 (3.6% vs. 3.3%).
Un menor crecimiento económico en nuestro país nos preocupa por varias razones; una de ellas es que puede significar menor recaudación de impuestos, lo que orillaría al gobierno a hacer más recortes. Los estados y municipios reciben gran parte de sus recursos vía participaciones, y éstas dependen de la recaudación de impuestos. Si la economía crece menos, entonces es razonable esperar que se recaude menos, pues baja el consumo, el monto y el número de transacciones comerciales y el nivel de empleo, lo que afecta directamente los ingresos por IVA, ISR, entre otros.
En un escenario así, ¿los gobiernos locales serían compensados por la caída en las participaciones? En realidad, ya vieron disminuidas sus transferencias federales totales en el presupuesto de 2019, con la eliminación de los programas discrecionales del Ramo 23. Claro, se aplaude la eliminación de programas sin reglas de operación, pero no olvidemos que en la crisis financiera de 2008 dichos programas se ‘alojaron’ en el Ramo 23 para enviar recursos a los gobiernos locales y hacer frente a la crisis.
¿Se tendrá que crear un mecanismo alternativo de asignación de recursos a los gobiernos locales?
De ser así, este fondo deberá considerar una nueva lógica de asignación de las transferencias, una que considere el saneamiento de las finanzas públicas locales y el desarrollo institucional local, que tanta falta hace en nuestro país. Los gobiernos locales exhiben rezagos en sus capacidades institucionales que deben subsanarse: auditorías dependientes del poder político, malas prácticas de contratación, dependencia fiscal hacia la federación, etc. La forma en la que se han estado transfiriendo los recursos vía participaciones a los gobiernos locales ha sido inercial. Pero no se toma en cuenta el logro de metas y objetivos, la mejora institucional y el buen uso y manejo de los recursos públicos. En el contexto actual, eso no puede ni debe continuar.
* Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa
