Es lícito y comprensible que José Ramón López Beltrán intente, aunque sea a destiempo, una réplica a los comentarios –que no acusaciones—sobre posible conflicto de interés en relación con la casa que habitó en un barrio residencial de Houston, llamada ya la casa gris propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, fuerte contratista de PEMEX. Como defensa, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que él es un abogado sin nexo alguno con el gobierno que encabeza su padre ni influencia sobre la administración. Parece también natural que la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams, a la que el presidente se refiere como la señora, también tardíamente, afirme no haber conocido la identidad del arrendador de esa casa y presente como argumento probatorio un chat –que bien puede ser de la época o de reciente grabación—en el que aparece en busca de una residencia que alquilar en esa ciudad de Texas.
El reportaje elaborado por el periodista Carlos Loret de Mola lleva en principio la intención que su título indica: Cómo vive el hijo del presidente, con énfasis en el contraste entre la austeridad pregonada para sí y para el entorno de López Obrador y el lujo de las residencias –la alquilada y la actual propiedad-- de su familia. Fueron las coincidencias de la propiedad de esa residencia y las ligas de la nuera del presidente, empresaria relacionada con la industria petrolera, factores que generaron comentarios que además de posible conflicto de interés llevaron a investigaciones sobre los contratos de la empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos y a desenterrar señalamientos de las autoridades anticorrupcíón de Estados Unidos sobre negocios nada limpios de la empresa en diferentes países y épocas del pasado.
En la larga secuela de los comentarios sobre el reportaje de Loret de Mola, el presidente López Obrador afirma quince días después, que efectivamente su hijo José Ramón trabaja como consejero en la empresa de los hijos de Daniel Chávez a quien el jefe del Ejecutivo ha dado el encargo, sin emolumento alguno de supervisor de las obras del tren maya.
Ciertas o no esas explicaciones, tanto López Beltrán como su esposa y el propio presidente de la Republica están en su derecho de replicar a los comentarios sobre el tema de las casas de Houston. Yerra en cambio López Obrador al difundir datos supuestamente precisos relacionados con los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, obtenidos de sus trabajos en empresas del sector privado y en forma alguna provenientes del sector público. Lo dicho por el presidente sobre los ingresos de Loret de Mola constituye un delito de violación de datos personales protegidos por la ley. Así lo ha precisado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas vías a una demanda por esa violación la propia institución ha dejado abiertas.
A sabiendas o no de la comisión de ese delito, el presidente López Obrador se encuentra en uno de los momentos más delicados de su actuación como presidente de la República. La condena a la revelación de esos datos protegidos por la ley con el pretexto de una respuesta a los señalamientos en el caso de las casas ocupadas por su hijo, colocan a López Obrador en una delicada situación frente a la opinión pública, especialmente ante juristas y expertos en derecho que han manifestado su opinión abiertamente contraria a lo dicho por el presidente y su disposición a apoyar las acciones legales que Loret de Mola se decidiera a emprender contra el propio jefe del Ejecutivo.
Cuestionado sobre la legalidad de la difusión de los datos personales de Loret de Mola, el presidente intenta una justificación a presentar esa acción como una defensa ante el embate de las fuerzas conservadoras en contra de su gobierno. En ese camino, el presidente llega al absurdo de sostener que los ingresos de un periodista son cuestiones de interés público y de conocimiento necesario de operaciones de concesionarias del gobierno. Ignora López Obrador que los periodistas, tanto de los medios de la prensa escrita como los de la prensa electrónica, gozan de las mismas libertades de prensa y de expresión vulneradas por López Obrador en la persona de Loret de Mola, lo que constituye una afrenta irreparable al periodismo y a los derechos a la información de toda la ciudadanía.
El presidente exhibe otra muestra de su ignorancia o su mala fe al enviar a la consejera presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra, una carta en la que le pide difundir los datos de los ingresos del periodista Loret de Mola, con los mismos falsos argumentos de una supuesta obligación de conocerlos y difundirlos porque se trata, sostiene, de percepciones provenientes de organismos del Estado. Adelantándose a la respuesta negativa que sin duda tendrá del INAI, como institución autónoma encargada de proteger la privacidad de los datos personales, López Obrador solicita también que en ese caso el INAI lo autorice para difundir esos datos, obtenidos por él de forma anónima de algún representante del pueblo, que condena lo que él llama sistemáticos ataques a su proyecto de la cuarta transformación por parte de Loret de Mola. Es de preverse que el presidente no esperará mucho la respuesta, no sólo del IFAI, sino del sector de la opinión pública que no puede sancionar los absurdos jurídicos y políticos de la ira de López Obrador.
