Por Daniel Cortés Martínez / Colaborador en Nosotrxs
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El 15 de mayo es una fecha de gran importancia para las maestras y los maestros en México pues es el día en el que se conmemora la gran labor que llevan a cabo las y los docentes, y generalmente, el gobierno mexicano lo declara como día de asueto con motivo de la celebración.
Es innegable la necesidad y relevancia de la presencia y trabajo de las y los maestros para el desarrollo y la transformación del país, de las comunidades, y de la sociedad en general, y por ello México fue uno de los primeros países en designar un día para reconocer este trabajo. Más aún, en el día de la celebración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento salarial del 10% a las y los docentes del sistema de educación básica federalizada, lo que da cuenta, según las palabras del presidente, de “...un reconocimiento especial a las y los maestros de México”, prometiendo además la mejora de las prestaciones en el sector educativo.
Sin embargo, el 15 de mayo no sólo representa una fecha de celebración para el magisterio, pues también se comparte el festejo al conmemorarse el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Agrícola, aunque el reconocimiento a las labores de las personas trabajadoras agrícolas no sea ni cercanamente el mismo que recibe el magisterio. Precisamente este es uno de los principales problemas que enfrentan en su día a día las personas trabajadoras agrícolas, un alto grado de invisibilidad y poco o nulo reconocimiento a la gran importancia que revisten sus labores para la economía del país, y para la subsistencia de la vida misma de millones de mexicanos. Por supuesto que el 15 de mayo para las personas trabajadoras agrícolas no supone un día de asueto, un aumento en sus salarios, o la mejora de sus condiciones laborales que son tan necesarias pues representan uno de los sectores de la población con mayores vulneraciones a sus derechos laborales y sociales.
Así, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Agrícola, el colectivo de organizaciones Periplo que luchan por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras agrícolas migrantes, hizo público un llamado a las candidaturas a puestos de elección popular en 2024, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los tres niveles de gobierno, al compromiso por el fortalecimiento de un sistema de migración laboral agrícola justo, y a incorporar en las agendas de trabajo y en las propuestas de campaña una serie de puntos entre los que destacan:
Garantizar que se cumpla la legislación y la creación de políticas públicas con perspectiva interseccional, que consideren aspectos centrales como el género y la pertinencia cultural, para poner fin a la discriminación estructural, la violencia, la brecha de desigualdad, el trabajo forzoso e infantil, la trata de personas y la explotación laboral, así como a los abusos con raíces en el origen étnico y socioeconómico, entre otros.
Crear programas de atención integral y con enfoque de derechos humanos destinados a personas trabajadoras agrícolas migrantes que brinden apoyos reales, con impactos directos en la mejora de la calidad de vida de este grupo de población. Es prioritario que estos programas se complementen con acciones concretas en comunidad de origen y destino para contrarrestar la falta de acceso a derechos básicos como justicia, educación, salud integral, alimentación adecuada, agua y vivienda, entre otros.
Tomar acciones para garantizar que las personas trabajadoras agrícolas migrantes tengan acceso efectivo a todos sus derechos laborales: contrato escrito, la facilitación de vías seguras para la regularización migratoria en el caso de personas extranjeras, licencias por maternidad y paternidad, seguridad social, vacaciones, pago de horas extras, aguinaldo, utilidades y días de incapacidad por enfermedad ―entre otras prestaciones reconocidas en la Ley Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social―. A la par, se exige fortalecer el sistema de inspección laboral en capacidades, eficiencia y recursos para garantizar el respeto de estos derechos.
Establecer estrategias con el sector privado agrícola para atender las responsabilidades conjuntas sobre el derecho a la salud, educación o prestaciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas migrantes. También se insiste en crear un registro público y accesible de campos agrícolas, que ofrezca certeza a las personas trabajadoras y facilite los procesos de inspección.
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