Angelita Almeraz León, líder de la Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California fue asesinada el jueves pasado. Ella tenía más de cinco años buscando a su hermano y sus compañeras y compañeros le reconocían por su compromiso con quienes, igual que ella, enfrentan los horrores de la desaparición de sus seres queridos.
Un día después de su asesinato, el Presidente López Obrador mencionó que todo indicaba su crimen no tenía relación con su activismo, “es otro posiblemente el motivo, pero no puedo hablar más que eso”. Pues claro que habló! Y a menos que la Fiscalía del Estado de Baja California sea tan eficaz como para que ya haya concluido la investigación criminal en horas y le haya informado al Presidente, su aseveración parece quiere curarse en salud. Es un atrevimiento anticipar no fue asesinada por su activismo. Angelita estaba en el mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos del Estado de Baja California y tenía un botón de pánico, comprobado insuficiente frente al hecho.
Desde el 2022 van ocho mujeres buscadoras asesinadas y la crisis de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares es uno de los delitos inscritos en graves violaciones a los derechos humanos, y para desgracia, en México va en aumento. López Obrador dejará la presidencia cargando la cifra más alta de personas desaparecidas de manera involuntaria, lo doble que Calderón y mucho más que Peña. Y peor, con sus omisiones está haciendo todo para el fracaso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas vigente desde noviembre de 2017. Una Ley, por su diseño, el mejor ejemplo de parlamento abierto, donde cada artículo fue redactado con las familias encomendadas por el movimiento, para ese fin y por las Senadoras y Senadores, porque el Senado fue Cámara de origen, con la voluntad del gobierno pasado. Voluntad ausente en este gobierno.
Las familias que buscan están en permanente riesgo, siguen realizando investigaciones, buscando los restos en miles de fosas clandestinas diseminadas por todo el país, desaparecidos en crematorios clandestinos o disueltos en ácido, o desaparecidos en los más de once mil kilómetros de litoral marítimo; también víctimas esclavizadas en la trata de personas. La búsqueda emprendida por las familias enfrenta muchos obstáculos, el más peligroso son los perpetradores de la desaparición, muchos de ellos, agentes del estado. Angelita en su investigación aducía su hermano fue desaparecido por policías municipales.
Conviene destacar que la preocupación sobre esta crisis, no sólo ha motivado a los colectivos de madres y familias buscadoras y de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a exigir justicia y que no se descarte a priori el activismo de Angelita como uno de los móviles de su asesinato.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “es necesaria una investigación pronta, efectiva e imparcial que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Cumplir diligentemente la obligación de investigar las violaciones contra personas defensoras es una importante medida de prevención y no repetición”.
México sobrevive la desaparición de personas como si enfrentara un estado de guerra. Si, es la guerra donde la impunidad goza de cabal salud.
Defensora de derechos humanos
