Hace un par de meses, la ministra en retiro y próxima Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció la reinstalación de la Setec , al reconocer que el proceso de implementación de la reforma al sistema de justicia penal resultó atropellado e insuficiente. En la misma lógica se ha advertido una falta de impulso al sistema, tanto en el ámbito federal como en el local; sólo ocho entidades cuentan con instancias para la consolidación, destacando Querétaro por la reciente aprobación de su Ley Cosmos.
Si bien es necesario contar con una instancia responsable de acompañar el proceso a nivel federal, no se trata sólo de reinstalar la Setec sino de estudiar sus lecciones, con especial énfasis en sus últimos años (2012- 2016), y las necesidades actuales a fin de definir las mejores condiciones para su instalación.
En primer lugar, para la implementación se destinó una gran cantidad de recursos financieros a través de subsidios y un fideicomiso, el doble respecto a la etapa inicial. Sin embargo, se advirtieron problemas. En cuanto a su asignación, se observó falta de paridad y objetividad, principalmente por la falta de criterios objetivos y transparentes. La gestión de los recursos generó demoras e incertidumbre lo que repercutió gravemente en la planeación y ejecución en las entidades federativas. Finalmente, el ejercicio se caracterizó por la inexistencia de controles y mecanismos de supervisión y seguimiento adecuados. Basta ver, por ejemplo, la inversión destinada a tecnologías de información, sin que a la fecha las entidades federativas cuenten con capacidades tecnológicas y de información suficientes.
Junto con el incremento de recursos financieros nacionales se observó una gran cantidad de apoyos provistos por la cooperación internacional, sin embargo, para su asignación y control tampoco se establecieron mecanismos de transparencia y rendición de cuentas suficientes. Ello generó incertidumbre respecto a los criterios de distribución y ejercicio e inquietud respecto a la fiscalización de instancias que fungieron como intermediarias para su recepción, asignación y seguimiento.
Adicionalmente, aun cuando existió una estrategia inicial de implementación de la reforma, ésta no fue responsiva al cambio en las reglas del propio sistema –como los ocurridos en el Código Nacional de Procedimientos Penales- ni se caracterizó por una lógica nacional, que considerara las diversas condiciones y necesidades específicas de cada proceso local. En consecuencia, el proceso concluyó arrítmico, heterogéneo y con soluciones aisladas en las diversas entidades e instituciones.
Finalmente, a pesar de que la Setec reportó una capacitación de operadores del 100%, un número considerable de operadores no fue capacitado, especialmente policías. Tampoco se dio seguimiento a la capacitación ni se garantizó la instalación de servicios civiles de carrera, que incentivaran la permanencia y desarrollo del personal capacitado, a fin de hacer sustentable la inversión a mediano y largo plazo.
Ante este escenario, y frente a los desafíos que requieren una operación óptima del sistema de justicia, desde México Evalúa hacemos un llamado para coconstruir una instancia coordinadora que asegure una visión holística entre seguridad y justicia, que dé dirección al proceso, políticas integrales sensibles a la realidad nacional y una metodología que favorezca la evaluación, rendición de cuentas y protección de derechos.
Coordinadora del programa
de justicia en México Evalúa
