Este lunes tuve el honor de ser invitada a la celebración del parlamento abierto virtual sobre el “Análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada”, por parte de la Cámara de Diputados.
Con la intención de compartir en aquél nuestro punto de vista sobre la necesidad de una reforma de este calado, puesto que la industria del sector de la seguridad privada sufre de una sobrerregulación estatal e incluso municipal, además de un marco normativo federal prácticamente obsoleto.
La falta de homologación de criterios y bases en una legislación en esta materia, así como la ausencia de una coordinación a nivel nacional que involucre a los tres órdenes de gobierno, a través de una ley que delimite la corresponsabilidad de cada uno, ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica que se ha traducido en constantes actos de corrupción, extorsión por parte de las mismas autoridades, y empresas operando al margen de la Ley.
Y esto queremos rescatarlo, pues el tema de la seguridad privada no es el único qua ha dejado de funcionar o que funciona con lagunas normativas pretéritas, tenemos tópicos como la seguridad vial y movilidad, entre otros, que sufren de sobrerregulación, así como de criterios discrecionales por parte de las autoridades que los operan o ejecutan desde una visión unitaria y no necesariamente integral.
Por ello, este tipo de espacios de diálogo son importantes y han sido un parteaguas en la manera en que se legisla en nuestro país, pues si bien es cierto que los legisladores se allegan de un equipo de trabajo técnico y serio, también lo es que la dinámica social es cada vez más exigente de resultados y leyes acordes a su realidad que permitan vivir con certidumbre jurídica y en una convivencia sana.
Entre los antecedentes de este tipo de ejercicios, encontramos que en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe establece que “está basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.
Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiese rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla…”
Es así como, en 2013 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebró el primer parlamento abierto en nuestro país, con la finalidad de dignificar el quehacer legislativo y a sus principales protagonistas frente a los ciudadanos; además de buscar construir una relación cercana, transparente y honesta con la ciudadanía.
A esto le han seguido algunas evaluaciones a través del Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, por parte de la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), el cual ha presentado resultados sobre los diez principios que rinden los parlamentos abiertos en todo el país, a saber: derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y no propietarios; accesibilidad y difusión; conflictos de interés; y legislan a favor de gobierno abierto.
Con ello, es posible concluir que los parlamentos abiertos han sido por demás importantes y un parteaguas en la toma de rumbos legislativos al allegarse de mayores elementos y el sentir de los distintos sectores a los que afectarán con su quehacer. Es así como, en el caso de la seguridad privada, sus portavoces particulares e institucionales tuvieron la oportunidad de levantar la voz para aspirar a andamiaje jurídico armónico que atienda el rezago tecnológico, la obsolescencia de un modelo inoperante y apegado a la realidad como auxiliares de la seguridad pública y que garantice el rol de la industria para trabajar de manera articulada, contribuyendo a disminuir los altos índices de inseguridad que imperan en nuestro país.
Este sector tuvo un espacio público en el que demandaron su intención de ser regulados de manera justa y efectiva, a través de un instrumento jurídico que brinde certeza a su operación, y en consecuencia incentive su colaboración con la seguridad pública y la confianza ciudadana en sus servicios. Confiamos que a través de este ejercicio de parlamento abierto los legisladores encontrarán los argumentos de valides y razones de derecho para llevar a buen puerto la actualización del marco normativo en la materia.
Esta nueva forma de interacción además ha tenido que hacer frente a las condiciones que nos ha impuesto la contingencia sanitaria que aún nos aqueja, por ello es aún más loable la actividad de los legisladores, al buscar mecanismos para mantenerse cercanos a los ciudadanos.
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