%20cara.png "_RICARDO PERALTA (1) cara.png")
Los estados de la costa sur del pacífico mexicano, integrados por Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como Puebla, Estado de México y Chihuahua, fueron los que presentaron la mayor incidencia de ejecuciones en el primer semestre de 2018. En las elecciones intermedias del año 2021, se sumaron a esa lista los estados de Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Sinaloa.
Los asesinatos políticos han sido la preocupación de organismos internacionales como el del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En la historia de nuestro país y del mundo, los crímenes relacionados con personas ligadas a procesos político-electorales y candidatos, han sido la constante; desde el atentado a Anastasio Somoza, Presidente de Nicaragua de 1950 a 1956; el asesinato de Carlos Castillo, Presidente de Guatemala, en 1957; Rafael Leonidas expresidente de República Dominicana; John F. Kennedy Presidente de los Estados Unidos y asesinado en 1963; Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de Argentina; Salvador Allende, Presidente de Chile, en 1973; Luis Carlos Galán candidato a presidente de Colombia en 1989; Luis Donaldo Colosio, candidato a Presidente de México, en 1994; Luis MarÍa Argaña, Vicepresidente de Paraguay, en 1999. En años recientes, fue asesinado el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio; y en el 2021, fue asesinado el Presidente de Haití, Jovenel Moïse.
La historia latinoamericana ha estado acompañada de violencia política desde que la democracia comenzó a utilizarse como método de elección de sus gobernantes, afectando el designio popular y queriendo imponer por la fuerza y la violencia los intereses fácticos que, además del crimen organizado, pudieran estar detrás intereses económicos, donde los jugadores se conducen igual o peor que células del sicariato.
La impunidad de las agresiones políticas que llegan hasta el homicidio, son la constante ante la imposibilidad de contar con el personal y las instituciones especializadas para investigar magnicidios, y evidentemente ante la suma de otros más que de manera común ocurren sin interés político.
El acceso violento al poder para obtener el control administrativo del gobierno, es el principal interés de quienes aspiran a un cargo de elección popular, eliminando a personajes que estorban en su objetivo. En algunas entidades federativas, coinciden las ejecuciones políticas con los antecedentes de colusión de servidores públicos con integrantes del crimen organizado, aunado a la debilidad y capacidad de las autoridades locales frente a la insurgencia criminal, contribuye a tales condiciones cuando existe base social de la delincuencia organizada.
En todas las entidades federativas de nuestro país, existe presencia del crimen organizado que ha incrementado sus actividades de manera intensa desde la fatídica y mortal decisión de declaración de guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón y la omisión sexenal del peor Presidente de la historia de México Vicente Fox. A partir de esa fecha, la diversidad de grupos de la delincuencia organizada y el concurso de delitos que practican diariamente, son parte de este entramado, donde uno de sus intereses como empresas delictivas es también adquirir el poder político; lo anterior, para hacerse del control del presupuesto público y de la toma de decisiones de gobierno.
La diversidad y número de grupos de la delincuencia organizada por entidad federativa, es verdaderamente compleja, es real y debe tener un tratamiento especializado en esta contienda electoral por celebrarse, ya que la actuación y violencia ejercida puede o no ser característica de cada uno de ellos, son condiciones que merecen trabajo de inteligencia tanto para aspirantes, como para los grupos criminales con presencia en cada región, para prevenir y erradicar la agresión por entidad federativa y distritos electorales, todos con una heterogeneidad que puede evitar más ejecuciones.
