/ viernes 9 de noviembre de 2018

Por una transformación positiva del Estado

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal” el Ejecutivo Federal que asumirá funciones en menos de un mes, da inicio a una serie de cambios formales a la organización y operación de la Administración Pública Federal. La propuesta del gobierno que entrará en funciones en menos de un mes ya había alcanzado al Poder Legislativo y está por verse cómo impactará al Poder Judicial, así como a los organismos autónomos definidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los demás órdenes de gobierno.

El tema es trascendental pues la manera como se han operado los cambios plantea una nueva relación entre poderes, organismos autónomos y gobiernos de los estados y municipios con el Ejecutivo Federal. La forma y el fondo del nuevo trato definirá un nuevo rumbo para la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno que vendrá, además del papel que ya se le ha dado a todo tipo de formas de consulta ciudadana.

A ello se suma una reforma institucional plasmada en la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que destaca el cambio sustantivo que tendrá la Secretaría de Gobernación y en paralelo la creación de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

La Secretaria de Gobernación contará con tres Subsecretarías: 1) Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; 2) Derechos Humanos, Migración y Población; y, 3) Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos. A su vez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá las atribuciones relativas a la Seguridad Pública, a la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. Se contempla también que el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN, que se había señalado su desaparición) se transformará en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Este es un cambio radical en lo que había sido la responsabilidad de los temas de seguridad, que habrá de operarse a fin de que la nueva Secretaría tenga la capacidad para atender esas responsabilidades.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación apunta a concentrarse en la construcción de acuerdos políticos con otros poderes, organizaciones políticas, sociales y civiles que contribuyan a fortalecer un clima de diálogo democrático y respeto y protección a los Derechos Humanos, los migrantes y, en general a la población.

Sobre estas bases se pretende construir un nuevo Estado lo cual conlleva a generar acuerdos, procesos y reglas que el derecho y la civilidad política requieren para una transformación positiva de la política, del Estado y de la sociedad.