¿Quién gana y quién pierde con la Ley de Adquisiciones?

La adquisición de bienes y servicios por parte del sector público es una de las actividades de gasto gubernamental más importantes y pueden ser un gran impulso económico si se lleva a cabo de forma eficiente y transparente. Al menos eso dice la teoría.

No es ningún secreto que las compras y contrataciones públicas son actividades gubernamentales susceptibles de despilfarro y actos de corrupción en cualquier país. De hecho, la proveeduría de medicamentos en México estaba monopolizada por un par de compañías y muchas veces empresas mexicanas y organizaciones de la sociedad civil pedimos transparentar el proceso mediante el cual se adjudicaban contratos. En este contexto, tiene sentido que las autoridades a cargo busquen mejorar los procesos de adjudicación, incluso involucrando a organismos internacionales. Esto también suena bien en teoría.

Pero ¿qué pasa cuando el Poder Ejecutivo ordena modificaciones que no hacen más transparente el proceso de adquisiciones públicas ni tampoco pone el piso parejo para que las empresas compitan por proveer al gobierno? Pues tenemos un pobre resultado como el observado el pasado 29 de julio, cuando el Poder Legislativo aprobó una modificación preocupante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

La orden dada desde Presidencia al partido en el poder, para aprobar los cambios a dicha Ley, se obedeció ciegamente y para muestra tenemos que se presentó una reserva para eliminar dos candados fundamentales: la obligación de contar con una investigación de mercado previa y la aprobación de la Oficialía Mayor de Hacienda.

Así las cosas, ahora tenemos una Ley que avala adjudicaciones directas a las empresas extranjeras que el gobierno de México decida, teniendo a un organismo internacional como intermediario. Nota al pie: la falta de contrapesos entre los Poderes de la Unión es un síntoma de una democracia en peligro y los organismos internacionales se supone que buscan fortalecer a las democracias, no colaborar con sus detractores.

Ahora bien, esta aprobación no es una medida de urgencia a causa de la pandemia, como se ha querido hacer pasar, ya que la LAASSP ya contaba previamente con un artículo 41 para compras en caso fortuito o de fuerza mayor, con limitantes muy claras, así que no había necesidad de modificar la Ley.

Evidentemente, a la industria farmacéutica nacional le preocupan estas modificaciones porque le dificultan aún más a las empresas subsistir, ya que se privilegia a proveedores internacionales por encima de los nacionales sin una justificación calidad-precio, lo cual es un contrasentido y hasta un insulto; es decir, si las compras de gobierno se hacen con recursos públicos, debería buscarse la forma de que ese dinero se quede en México, en empresas que generan empleos y pagan impuestos en el país. También daña al mercado interno porque deja fuera a las pymes que venden medicamentos e insumos, pero además ahuyenta inversión en ese sector, ¿quién invertiría en un sector que ni en su propio mercado tiene condiciones para competir?

Otro elemento preocupante que fue anunciado en una mañanera, es que se buscará dejar al Estado como único distribuidor, pues se ha planteado crear una empresa estatal que reparta los medicamentos por todo el país, lo cual tampoco resolvería el problema del abasto oportuno de medicamentos, sino que incluso lo agravaría.

Para los usuarios de los servicios médicos públicos el panorama es preocupante también porque esta medida no atiende el problema real del bajísimo gasto en salud y además, con un proceso de compra tan opaco donde solo el Ejecutivo Federal decide quién puede participar y quién gana, ¿cómo se va a garantizar que los bienes comprados sean de calidad, seguros y cumplan con los estándares básicos?

Por otra parte, también se atropella al Estado de Derecho porque dicha modificación contraviene a la propia Constitución Mexicana, que mandata en el Artículo 134 un uso eficiente, eficaz, transparente y honrado de los recursos de la Federación, pero la realidad es que las nuevas modificaciones legalizan las asignaciones directas e invalidan la participación de órganos autónomos y especializados como la Comisión Federal de Competencia Económica, por ejemplo, ¿eso es luchar contra la corrupción?

Por si fuera poco, estas modificaciones violan un par de tratados de libre comercio que México ha firmado, ¿sí sabrán en las Cámaras de Diputados y Senadores que cuando un país viola un tratado vigente puede terminar en arbitrajes comerciales internacionales o incluso denunciado ante la OMC? Por el bien de México, yo espero que sí.

En fin, este es un desafortunado ejemplo más del modus operandi del Ejecutivo Federal: no resuelve el problema de fondo de garantizar que las compras públicas sean transparentes, tampoco acaba con ningún monopolio de medicamentos en el sector público, pero sí complica la operación y abasto de medicinas para los mexicanos y, con la bandera de la lucha contra la corrupción, busca minimizar la participación de las instituciones democráticamente creadas y centralizar las decisiones en Palacio Nacional y su primer círculo.