Es todavía un decir, y lo seguirá siendo, mientras las autoridades no establezcan lo que sucedió realmente. El asunto se salió de control como suele ocurrir en México: mediante un rumor.
En este caso, la versión conocida es que ricos y poderosos de la ciudad de Campeche supieron que en su ciudad había vacunas anticovid, supuestamente importadas por un empresario paquistaní, avecindado allá y con presunta nacionalidad hondureña, llamado Mohamed Yusef Amdami.
De acuerdo con información publicada en medios de información nacionales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, el miércoles 17 de marzo, que agentes aduanales y militares decomisaron en el aeropuerto de la capital de Campeche mil 155 frascos -5 mil 755 dosis- de la vacuna rusa anticovid Sputnik V, ocultos en una nevera llena de refrescos que iban con rumbo a San Pedro Sula, Honduras, en un vuelo privado.
De acuerdo con la información conocida, el avión, su tripulación y sus pasajeros, todos hondureños, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la que abrió una carpeta de investigación, “sin detenidos y sólo por mil 62 frascos”.
Y ¿qué cree usted lector? Pues nada, que los detenidos se esfumaron.
Hasta hoy se sabe que el empresario involucrado admitió haber comprado las vacunas, para inocular a sus empleados de sus empresas tanto en México como en Honduras.
¡Ah, ok!
No se necesita ser Hércules Poirot, Sherlock Holmes, Kurt Wallander, Pepe Carvalho, Miss Marple, Auguste Dupin o el mexicano Filiberto García, quien investigó nada menos que El Complot Mongol, para saber que hay preguntas sin respuesta y algo turbio en el tráfico de esas vacunas.
Se presume saber, según la información oficial, quién compró las vacunas. Bien, ¿dónde las compró? ¿A quién se las compró? Hoy, en el mundo todo, no hay quien venda vacunas a particulares; las vacunas contra el covid no tienen registro médico sólo tienen una aprobación de emergencia, por lo que no están disponibles para su venta a ningún particular en ningún país.
Entonces, ¿se las compró a algún gobierno? ¿A cuál? ¿Alguien robó un lote de las vacunas que han comprado los gobiernos? ¿Hubo un desvió de vacunas reales, en medio de la desorganización en su aplicación (se anunció que en Campeche se vacunaría a los maestros para poder reiniciar las clases presenciales)? ¿Hay responsable o responsables de ese robo o de ese desvío?
Si, como se dice, esas vacunas traficadas son falsas, ¿quién y dónde se producen? ¿Quién las comercializa? ¿Es un delito hacerlo?
También, ¿los más de mil empleados y amigos del empresario paquistaní-mexicano-hondureño que presuntamente fueron inoculados, están bajo vigilancia médica tanto si la vacuna fue falsa o real (necesitan una segunda dosis)?
No hay respuestas. Ni detenidos, ¿por qué?
Lo obligado es que la autoridades competentes (Aduanas, SAT, SCHP, la FGR y, por supuesto, la Secretaría de Salud) investigasen, procesen a los responsables si los hay o cuando menos informen que es lo que realmente pasó en Campeche. Es probable que, como en otros ámbitos, aquí en gobierno también tenga “otros datos”.
