Es de llamar la atención, en teoría en el sistema de partidos y ahora de políticos independientes, vivimos un clamor prácticamente unánime contra la corrupción, pero a la hora de que el Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados Nueva Alianza (PANAL) y Verde, impulsan al Senado de la República para culminar con el proceso de selección de un titular para la Fiscalía Anticorrupción, pieza que falta para contar con todo un sistema moderno en la materia, que verdaderamente desincentive tal deleznable práctica a nivel nacional, tanto entre servidores públicos, como entre la propia sociedad civil.
Estando ahora en tiempos de precampañas para las elecciones que habrán de celebrarse el 1 de julio del presente 2018, uno de los temas preponderantes por parte de los diferentes precandidatos tanto independientes, como de los partidos, es la lucha contra la corrupción, aun cuando la mayoría de los citados en realidad han hecho muy poco o nada contra el citado flagelo, mientras que el PRI es el único que incluso haciendo un profundo ejercicio interno de autocrítica, ha llevado a prisión, tanto a algunos de sus otrora militantes, como de otras agrupaciones políticas.
Cabe recordar que instituciones de carácter histórico para el Estado Mexicano, como la actual Secretaría de la Función Pública (otrora Secretaría de la Contraloría de la Federación), fueron creadas precisamente en una administración priísta, la de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), bajo el mando de Francisco Rojas Gutiérrez.
Hoy está visto que es necesario contar con mayores avances en la materia es una necesidad primordial, especialmente en tiempos en que la competencia política ha crecido y se ha visto que el flagelo de la corrupción está presente en todos éstos, ya que para fines prácticos ya no puede hablarse de que estrictamente exista una oposición, más cuando todos los partidos con registro cuentan ya con responsabilidades de gobierno y sobre todo de legislación.
El hecho de que todos los partidos políticos tengan algún grado de representación en términos de función pública, representa también una responsabilidad cuando se trata de lucha contra la corrupción.
Cabe recordar que, a raíz del inicio de la alternancia en la Presidencia de la República, en el año 2000, uno de los fenómenos que más fueron señalados desde entonces, era la debilidad del Ejecutivo Federal frente a los gobiernos estatales, a los que se les llegó a ver en calidad de feudos que en varios casos se tradujo en falta de rendición de cuentas y por tanto en una creciente corrupción por parte de todos los partidos gobernantes, algo contra lo que no se luchó entre los años 2001 y 2012, haciéndose cada vez en mayor medida a lo largo de los seis años recientes.
Actualmente, en tiempos oficialmente son de precampañas electorales, llama la atención ver a noveles aspirantes a cargos públicos, señalando corrupción por un lado y por otro, cuando lo que sobrarían son elementos para señalarlos a ellos mismos, quienes a la hora de que se definiera ya a un fiscal contra la corrupción, son los primeros en armar auténticas “cajas chinas”, para evitar la existencia de una institución y funcionarios de tal materia.
El combate al citado flagelo, es algo que idealmente no debería esperar a la ausencia de tiempos electorales, más en una nación como la nuestra en la que cada año en una o más ocasiones, se llevan a cabo comicios, desde el orden federal, hasta los estatales y municipales. Tengamos presente que lo que menos falta hace son períodos de gracia, especialmente cuando la afectación no conoce descanso y trabajar por nuestro país no debe tener freno alguno.
Senadora del PRI
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