En días pasados el presidente de la República emitió un controvertido memorándum en el que instruye dejar sin efectos la reforma educativa y amonesta a los funcionarios que incumplan esta disposición, con ser sancionados administrativa o penalmente.
Llama la atención que teniendo en sus manos la posibilidad de revertir la reforma educativa presentando una iniciativa preferente ante el Congreso, donde su partido político tiene mayoría, no lo haga y en lugar de ello instruya a los servidores públicos ir en contra de las disposiciones en materia educativa, argumentando que es un acto de justicia que debe estar por encima de la ley.
El problema de fondo en esta decisión no es la reforma educativa que, sin duda es perfectible y puede ser modificada en favor de maestros, alumnos y padres de familia; sino la manera en que se pretende dejar sin efecto una disposición Constitucional, cuando el juramento que realiza cada presidente al inicio de su mandato es guardar y hacer guardar la Constitución.
No se trata de un tema menor, vivir en un Estado de Derecho implica que todos los ciudadanos tengamos claridad en cuáles son nuestros derechos, los mecanismos que tenemos para acceder a ellos y que nadie pueda coartar nuestras libertades bajo ningún pretexto, de ahí la importancia de respetar la división de poderes, donde el poder legislativo emite leyes; el ejecutivo las promulga y el judicial se encarga de interpretarlas para impartir justicia.
A nuestro país le ha costado mucho trabajo consolidarse como un Estado de Derecho, pasamos por muchas etapas en las que las leyes podían ser violadas al criterio de los poderosos y los ciudadanos carecían de mecanismos para la protección de sus derechos. No podemos dar un paso atrás, es entendible que el presidente requiera modificaciones al marco normativo para implementar su programa de gobierno, las cuales deben ser realizadas conforme al proceso legislativo y respetando la división de poderes, recordando siempre que no puede haber justicia sin ley.
