/ miércoles 3 de noviembre de 2021

Ven radicalización en las redes sociales

La Premio Nobel de la Paz considera que estas plataformas modifican nuestra conducta y que nos utilizan como parte de un experimento

El Tribunal Popular por los Periodistas Asesinados (TPPA) se inauguró este martes con el testimonio de la filipina Maria Ressa, galardonada con el premio Nobel de la Paz 2021, que advirtió de la radicalización provocada por los algoritmos de las redes sociales.

“Las redes sociales se han convertido en un sistema de modificación de la conducta y los usuarios somos tratados en estos experimentos en línea como los perros de Pavlov”, aseguró Ressa, que intervino en el TPPA por videoconferencia.

La Nobel de la Paz aseguró que el sistema de “amigos de amigos”, utilizado en redes como Facebook o Twitter para recomendar cuentas, va en línea “con el estilo de liderazgo polarizador del ‘nosotros contra ellos’”, utilizado por figuras como el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, o el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Otros elementos que provocan la radicalización de la sociedad son los canales de noticias de esas mismas redes sociales, aseguró la periodista.

“Destrozan la esfera pública y permite que estas burbujas creen sus, como dijo una portavoz de la Casa Blanca, hechos alternativos. Cuando tienes ese sistema de micro focalización, es explotado por el poder para manipular insidiosamente a la gente en una democracia”, dijo Ressa.

La Nobel de la Paz respondió de esta manera a las preguntas de la letrada española Almudena Bernabéu, que ejerció como fiscal general del TPPA, una corte de carácter simbólico creada para crear conciencia sobre la violencia ejercida contra los periodistas.

La reportera filipina explicó cómo, tras una campaña en línea en su contra en la que llegó a recibir “unos 90 mensajes de odio por hora”, le llegó una citación para su primer caso. Desde 2018 ha recibido más de diez órdenes de arresto por informaciones críticas contra el Gobierno, publicadas en su portal informativo Rappler, y fue condenada en 2020 por difamación, en una sentencia que ha sido recurrida.

“El objetivo final de todos estos actos no es solo golpear al objetivo y silenciarlo, sino también crear un efecto arrastre” para “hacer creer a todos una narrativa que, en mi caso, era ‘un periodista es igual a un criminal’”.

La sesión inaugural del TPPA se celebró ante más de 150 personas en la “Nieuwe Kerk”, en el centro de La Haya, en una iniciativa promovida por las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) la constitución un tribunal homónimo.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El secretario general del TPP, Gianni Tognoni, dijo que los asesinatos contra los periodistas por hacer su trabajo deben ser tratados de forma especial por el derecho internacional porque representan “el derecho de las personas a expresarse libremente”.

Tognoni habló de la “responsabilidad del Estado” en muchos de los crímenes contra los reporteros, un punto en el que insistió la coordinadora de Defensa y Atención a los Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Raissa Carrillo, cuando habló del asesinato de periodistas en Colombia.

“A menudo hay reticencias para avanzar durante los procedimientos por la posibilidad de que se descubra la responsabilidad del Estado”, indicó Carrillo, pues en esos casos los investigadores “pierden mucho tiempo, uno dos o hasta tres años, sin recoger evidencias”.

Otra testigo del TPPA fue Karinna Moskalenko, una abogada que consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo condenase a Rusia por no investigar suficientemente el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, en 2006.

“Muchos periodistas en Rusia son silenciados, dejan de ser críticos por miedo. No tienen que ser necesariamente asesinados”, indicó Moskalenko.

Tras la sesión inaugural de hoy, el TPPA celebrará cuatro audiencias entre enero y mayo de 2022 en los que se acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por la muerte de los periodistas Lasantha Wickrematunge (2009), Miguel Ángel López Velasco (2011) y Nabil Al-Sharbaji (2015).



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El Tribunal Popular por los Periodistas Asesinados (TPPA) se inauguró este martes con el testimonio de la filipina Maria Ressa, galardonada con el premio Nobel de la Paz 2021, que advirtió de la radicalización provocada por los algoritmos de las redes sociales.

“Las redes sociales se han convertido en un sistema de modificación de la conducta y los usuarios somos tratados en estos experimentos en línea como los perros de Pavlov”, aseguró Ressa, que intervino en el TPPA por videoconferencia.

La Nobel de la Paz aseguró que el sistema de “amigos de amigos”, utilizado en redes como Facebook o Twitter para recomendar cuentas, va en línea “con el estilo de liderazgo polarizador del ‘nosotros contra ellos’”, utilizado por figuras como el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, o el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Otros elementos que provocan la radicalización de la sociedad son los canales de noticias de esas mismas redes sociales, aseguró la periodista.

“Destrozan la esfera pública y permite que estas burbujas creen sus, como dijo una portavoz de la Casa Blanca, hechos alternativos. Cuando tienes ese sistema de micro focalización, es explotado por el poder para manipular insidiosamente a la gente en una democracia”, dijo Ressa.

La Nobel de la Paz respondió de esta manera a las preguntas de la letrada española Almudena Bernabéu, que ejerció como fiscal general del TPPA, una corte de carácter simbólico creada para crear conciencia sobre la violencia ejercida contra los periodistas.

La reportera filipina explicó cómo, tras una campaña en línea en su contra en la que llegó a recibir “unos 90 mensajes de odio por hora”, le llegó una citación para su primer caso. Desde 2018 ha recibido más de diez órdenes de arresto por informaciones críticas contra el Gobierno, publicadas en su portal informativo Rappler, y fue condenada en 2020 por difamación, en una sentencia que ha sido recurrida.

“El objetivo final de todos estos actos no es solo golpear al objetivo y silenciarlo, sino también crear un efecto arrastre” para “hacer creer a todos una narrativa que, en mi caso, era ‘un periodista es igual a un criminal’”.

La sesión inaugural del TPPA se celebró ante más de 150 personas en la “Nieuwe Kerk”, en el centro de La Haya, en una iniciativa promovida por las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) la constitución un tribunal homónimo.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El secretario general del TPP, Gianni Tognoni, dijo que los asesinatos contra los periodistas por hacer su trabajo deben ser tratados de forma especial por el derecho internacional porque representan “el derecho de las personas a expresarse libremente”.

Tognoni habló de la “responsabilidad del Estado” en muchos de los crímenes contra los reporteros, un punto en el que insistió la coordinadora de Defensa y Atención a los Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Raissa Carrillo, cuando habló del asesinato de periodistas en Colombia.

“A menudo hay reticencias para avanzar durante los procedimientos por la posibilidad de que se descubra la responsabilidad del Estado”, indicó Carrillo, pues en esos casos los investigadores “pierden mucho tiempo, uno dos o hasta tres años, sin recoger evidencias”.

Otra testigo del TPPA fue Karinna Moskalenko, una abogada que consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo condenase a Rusia por no investigar suficientemente el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, en 2006.

“Muchos periodistas en Rusia son silenciados, dejan de ser críticos por miedo. No tienen que ser necesariamente asesinados”, indicó Moskalenko.

Tras la sesión inaugural de hoy, el TPPA celebrará cuatro audiencias entre enero y mayo de 2022 en los que se acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por la muerte de los periodistas Lasantha Wickrematunge (2009), Miguel Ángel López Velasco (2011) y Nabil Al-Sharbaji (2015).



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