La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 15 de mayo.
De acuerdo con la Cofece, dicha política “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.
En un comunicado, el órgano antimonopolios advirtió que el instrumento publicado por la Sener “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”.
Añadió que con dicha política, el gobierno federal compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, además de que y otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros.
La Cofece concluyó que con la entrada en vigor de dicha política dejarán de existir los elementos básicos para que el mercado eléctrico funcione en condiciones de competencia.
Gobierno responde
Poco después de darse a conocer la decisión de la Cofece, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico "está por encima de cualquier interés económico público o privado".
No estuvieron disponibles de inmediato funcionarios de la CFE para comentar sobre el anuncio de la autoridad de competencia.
Las disposiciones de la Sener se suman a unas disposiciones del regulador del sector eléctrico, el Cenace, que a finales de abril, ordenó congelar el inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional durante la pandemia del coronavirus.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está dispuesto a dialogar con las empresas inconformes con los recientes cambios, pero ha advertido que peleará en tribunales la permanencia de las nuevas reglas, alegando que se trata del interés general de la Nación.