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CULIACÁN. La Confederación de Camaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) exigieron respeto al Estado de Derecho luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, incitó a los productores de maíz a tomar las plantas de Gruma, Minsa y Cargill, a las que acusó de boicotear el mecanismo de compra de granos del Gobierno y pagarlo por debajo del precio de garantía.
“El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, llamó a los productores del maíz a tomar las instalaciones del sector industrial, lo que es un acto en contra de la propiedad privada, sin tomar en cuenta el riesgo para la seguridad alimentaria del país y para los trabajadores de las empresas”, señalaron la Concamin y la Canami en un comunicado conjunto.
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El llamado del gobernador de Sinaloa se da en medio del conflicto agrario en el que los productores de maíz exigen que se les compren las casi seis millones de toneladas del grano que se producen en el estado a un precio de siete mil pesos por tonelada. Como medida de presión, tomaron desde el martes el aeropuerto de Culiacán, el cual liberaron ayer cuando el gobierno del estado aceptó negociar.
“Quieren que ajustemos a Gruma, a Cargill, díganme dónde está la planta para ir a tomar, y yo voy a encabezarlos”, señaló el miércoles Rubén Rocha.
“Una situación de esa naturaleza, como la que plantea el mandatario estatal, podría provocar que así como hoy se pretende atentar contra la industria del maíz, luego pueda suceder lo mismo con cualquier otra industria”, alertaron las cámaras empresariales.
Por su parte, el mandatario sinaloense encabezó ayer una mesa de negociación con los productores de maíz del estado, luego de que liberaran el acceso del aeropuerto de Culiacán.
Dentro de los acuerdos se incluyó a casi 300 productores que siembran hasta 15 hectáreas de maíz en el esquema de compras de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual estaba restringido a quienes siembran un máximo de 10 hectáreas. Además, a partir del lunes, el gobierno del estado comenzará a pagar las 500 mil toneladas de maíz blanco que aceptó comprar tras las protestas de mayo pasado, cuando los campesinos bloquearon las instalaciones de Pemex en Culiacán Guámuchil y Topolobampo. “Si no lo hace el gobierno federal, lo hará el estado”, dijo Rocha Moya a los campesinos.
Pese a que se lograron acuerdos, los productores agrícolas de Sinaloa mantienen latente la amenaza de más movilizaciones, principalmente la propuesta por el gobernador de tomar las plantas de las empresas Gruma, Minsa y Cragill, pues sus demandas no han sido cubiertas del todo. La principal, es la compra total de la producción de maíz del estado, la cual se estima entre cinco y seis millones de toneladas, de las que cerca de cuatro aún no cuentan con comprador, pues el gobierno federal se comprometió a adquirir un millón de toneladas y el del estado otras 500 mil toneladas.
Además, exigen que el gobernador Rubén Rocha les ayude a gestionar sus demandas ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desacreditó ayer la autenticidad de la protesta de los campesinos.
“No vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto… Nuestro Gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de ayer.
El mandatario acusó que entre los manifestantes hay productores que “son empresarios de altos vuelos” y que los dirigentes de las protestas pertenecen a los partidos del bloque conservador.
SIN INTERLOCUCIÓN
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Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), acusó que el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial entorpece las negociaciones con el gobierno federal, pues el interlocutor en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, se retira hoy de su cargo.
Puntualizó que sólo los pequeños productores se benefician del precio de garantía del maíz de seis mil 965 pesos por tonelada y que el resto vende a precios más bajos, de cinco mil 100 pesos por tonelada, que aceptan por la necesidad de pagar los créditos que obtuvieron para financiar la siembra.
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