Un juez civil de la Ciudad de México ordenó al banco Actinver crear un fondo por mil millones de pesos, como medida cautelar para pagarle al empresario Rafael Zaga Tawil por un juicio iniciado en su contra.
Esta decisión se tomó luego de que Zaga Tawil promovió un juicio civil contra Actinver división Fiduciaria, en el que reclamó un pago por incumplimiento de las obligaciones de la institución como fiduciaria del Fideicomiso 3201, creado en noviembre de 2017.
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La creación de esta reserva preventiva se ordenó por el juez desde junio de 2022, y fue hasta un mes después que Actinver recibió una notificación en la que se aclaraba que tenía tres días para cumplir con dicha orden judicial, la cual se desacató.
Sin embargo, el 29 de mayo de 2022 la institución financiera presentó una demanda de amparo en contra de estas medidas prejudiciales, aunque en diciembre de ese año se dictó una sentencia a favor de Zaga Tawil en la que se ordenaba pagar una indemnización por mil 100 millones de pesos.
“Actinver desplegó una conducta tan evidentemente reprochable y reiterada, que ameritó sentenciar a pagar daños punitivos por no haber actuado bajo un imperativo de conducta honesta, diligente ni correcta, que es exigida a las personas para que quede excluida toda intención maliciosa”, aseguró el juez en su sentencia.
Ante ello, el banco encabezado por Lorenza Martínez interpuso un amparo directo y en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), destacó que la sentencia dictada por el juez era “inverosímil”.
Apenas el pasado 15 de mayo, la compañía también informó a la BMV que el litigio del señor Zaga en contra de Banco Actinver “no ha quedado firme, ni es ejecutable”.
¿Cómo se originó la demanda?
En noviembre de 2017, Rafael Zaga Tawil creó el “Fideicomiso 3201” para inversiones personales y familiares, en el que Actinver fungió como institución fiduciaria y Zaga Tawil como administrador, fideicomitente y fideicomisario.
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Un mes después, en este mismo fideicomiso se creó el “Fideicomiso 366” con el fin de completar una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, pero fue hasta mayo de 2020 cuando Zaga Tawil se enteró que estos recursos se usaron para fines distintos a los establecidos.
