Reforma a Ley de Adquisiciones, un riesgo para compra de medicamentos: IMCO

El centro de investigación señaló que la reforma a la Ley representa "un importante retroceso" para el proceso de contrataciones públicas federales

El Sol de México

  · jueves 19 de noviembre de 2020

Foto: Archivo Adrián Vázquez

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el dictamen de reforma a la Ley de Adquisiciones que permite la compra sin licitación de medicamentos y equipo médico, representa un riesgo de corrupción.

Luego de que este miércoles la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen a diversas iniciativas de reforma a la Ley, el IMCO señaló que la iniciativa introduce nuevos elementos que representan "un importante retroceso" para el proceso de contrataciones públicas federales en México.

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Explicó que de aprobarse la medida se abre la puerta a que la compra de insumos para la salud sea realizada mediante procesos que no garantizan las mejores condiciones del mercado, que al mismo tiempo, representan un riesgo de corrupción.

Asimismo, dijo que se preserva la excepción de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para aquellos casos en que el proceso de compra pública se lleve a cabo mediante un contrato de instituciones públicas, uno de los mecanismo más utilizados para desviar recursos.

"Este tipo de contrataciones y convenios entre entes públicos, centros de investigación y universidades públicas han sido uno de los esquemas más utilizados para desviar recursos públicos, al posibilitar que la contratación se lleve a cabo sin que apliquen los mecanismos de control que establece la Ley, como fue el caso de la Estafa Maestra".

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Además, sostuvo que el dictamen establece que la suma de los procesos de excepción en contratos por montos pequeños no podrá exceder del 20 por ciento el presupuesto de compras públicas autorizado para las dependencias. Anteriormente, el límite era del 30 por ciento.

Debido a ello el IMCO llamó a una revisión del dictamen para atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las organizaciones de la sociedad civil para limitar las adjudicaciones directas.