/ viernes 5 de mayo de 2023

Amagan víctimas con denunciar a FGJ si ordenan reapertura del caso L12

Los representantes legales de 14 víctimas señalaron que los aplazamientos son con el fin de que las víctimas acepten los acuerdos reparatorios

La defensa legal de las 14 víctimas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro amagó con denunciar penalmente al Ministerio Público y a la fiscal General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, si el juez de Control ordena la reapertura del caso.

La defensa de Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, exdirector Responsable de Obra (DRO) de la Línea 12, solicitó la reapertura del caso y seis meses más de investigación, la cual definirá el juez de Control durante la audiencia de este viernes.

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"Diversa defensa solicita la reapertura de la investigación, y esto tiene desde luego fines dilatorios; sin embargo, no es posible que se esté justificando y es un detrimento a las víctimas que se está prolongando. Lo peor es que lo justifica la Fiscalía, el juez, y todos ellos.

"Se les dio seis meses a los abogados para una investigación complementaria y al día de hoy no han cumplido (...) Se les concede seis meses, más el tiempo del colapso, más el tiempo que llevaba en la integración de la carpeta de investigación, y hoy se solicita seis meses más, eso raya en una burla para las víctimas", mencionó el abogado Antonio López Mendoza.

López Mendoza y Benítez señalaron que investigarán si la Fiscalía actuó de forma "dolosa" para afectar la defensa de las víctimas, y apuntó que si ordenan la reapertura del caso denunciarán penalmente a la Ministerio Público y a la fiscal.

"Vamos a denunciar directamente a la fiscal, Ernestina Godoy, y a la Ministerio Público, porque por causas y culpa de ellas es que se está haciendo esta reapertura.

"Ellos lo que buscan es para obligar a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio impulsado por la propia Fiscalía", puntualizó Teófilo Benítez.

Los abogados solicitarán al Congreso de la Ciudad de México crear un órgano autónomo para el seguimiento y elaboración de acuerdos reparatorios con las víctimas, así como alistan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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"Hay un impacto indiscutible en derechos humanos, y un derecho humano es la vida y la salud. En este caso, quien está entorpeciendo todo es Ernestina Godoy y sus fiscales", precisó López Mendoza.



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La defensa legal de las 14 víctimas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro amagó con denunciar penalmente al Ministerio Público y a la fiscal General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, si el juez de Control ordena la reapertura del caso.

La defensa de Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, exdirector Responsable de Obra (DRO) de la Línea 12, solicitó la reapertura del caso y seis meses más de investigación, la cual definirá el juez de Control durante la audiencia de este viernes.

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"Diversa defensa solicita la reapertura de la investigación, y esto tiene desde luego fines dilatorios; sin embargo, no es posible que se esté justificando y es un detrimento a las víctimas que se está prolongando. Lo peor es que lo justifica la Fiscalía, el juez, y todos ellos.

"Se les dio seis meses a los abogados para una investigación complementaria y al día de hoy no han cumplido (...) Se les concede seis meses, más el tiempo del colapso, más el tiempo que llevaba en la integración de la carpeta de investigación, y hoy se solicita seis meses más, eso raya en una burla para las víctimas", mencionó el abogado Antonio López Mendoza.

López Mendoza y Benítez señalaron que investigarán si la Fiscalía actuó de forma "dolosa" para afectar la defensa de las víctimas, y apuntó que si ordenan la reapertura del caso denunciarán penalmente a la Ministerio Público y a la fiscal.

"Vamos a denunciar directamente a la fiscal, Ernestina Godoy, y a la Ministerio Público, porque por causas y culpa de ellas es que se está haciendo esta reapertura.

"Ellos lo que buscan es para obligar a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio impulsado por la propia Fiscalía", puntualizó Teófilo Benítez.

Los abogados solicitarán al Congreso de la Ciudad de México crear un órgano autónomo para el seguimiento y elaboración de acuerdos reparatorios con las víctimas, así como alistan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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