/ jueves 10 de marzo de 2022

Aumentan desalojos tras crisis por Covid en la CDMX

La falta de pago de la renta de una casa o negocio fue la razón por la que los jueces avalaron la expulsión

Los desalojos permitidos por un juez de quienes habitaban o rentaban comercialmente un inmueble en la Ciudad de México aumentaron en un año 27 por ciento.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSCDMX) reporta que los lanzamientos pasaron de 442 en 2020, el año de la pandemia por Covid-19, a 563 en 2021. El incumplimiento de contrato y la falta de pago fueron las razones de expulsión.

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Del universo total, en 478 fueron por procesos en los que quien presentó la demanda fue una persona física, en 46 una institución bancaria y en 39 casos no se especificó de quién se trataba.

Cabe señalar que el cierre de tribunales no impidió que se realizaran desalojos durante la pandemia; no obstante, los números no llegan a los años previos a la contingencia sanitaria. Según datos del TSJCDMX, en 2019 hubo mil 75, es decir, los lanzamientos realizados el año pasado están 47 por ciento por debajo de los números registrados antes de la pandemia por Covid-19.

Salvador Sacal, experto en temas inmobiliarios, consideró que el aumento de los desalojos por la vía judicial es mínimo en comparación con las 850 mil personas que viven bajo el esquema de arrendamiento legal (mediante contrato) que hay en la Ciudad de México. Actualmente, con el semáforo verde de la emergencia sanitaria, hay más personas que ya quieren arrendar y otras más que pondrán sus inmuebles en arrendamiento.

“No vemos una gran cantidad de desalojos, si fueron 563 para 850 mil pues no representa nada. El mercado ha estado muy estancado en eso, sí hay gente que ha incumplido en sus obligaciones; pero la gran mayoría, por no decir casi todos están cumpliendo con esa obligación de pagar sus rentas. Son muy pocos los desalojos que se están dando”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

En julio de 2020, los entonces diputados del Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que permitiría a los inquilinos exigir la modificación de sus contratos de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar ante la crisis por la epidemia. Debido al desacuerdo que desató la propuesta, principalmente en el sector inmobiliario, la iniciativa fue pospuesta en su análisis y nunca se dictaminó.

No fue la única intención que los diputados locales tuvieron para solucionar este problema. En septiembre del año pasado se presentó una iniciativa por la cual los arrendadores no podrían retirar los servicios de agua, alcantarillado, luz, gas y electricidad a sus inquilinos si estos no pagan la renta a tiempo. Sacal recordó que actualmente existe el temor de que, con el afán de proteger al arrendatario contra este tipo de actos de autoridad, se violen los derechos del arrendador.

Señaló que con esas propuestas, “se les estará haciendo la chamba al Estado de México”, en el sentido de que en la Ciudad de México ya no querrán poner sus inmuebles en arrendamiento, pues no podrán sacar al inquilino que no cumple con sus obligaciones.

“Aunque en la Constitución de la Ciudad se señala que la vivienda es un derecho humano de todo mexicano, y que tiene que ser una vivienda digna, etcétera, también hay que recordar que el pago de su renta es una obligación del arrendatario, y el uso y goce del inmueble también es un derecho; pero también es un derecho el de cobrar una renta. Recordando también que el contrato de arrendamiento es un pacto entre dos partes donde tienen derechos; pero también tienen obligaciones”, advirtió.

Silvia Emanuelli, de Habitat International Coalition, opinó que hasta que los juzgados regresen a su capacidad de trabajo previo a la pandemia, lo que ocurrirá a partir del 14 de marzo, se podrán obtener los efectos reales en materia de desalojos inquilinarios a través de un juicio. Aclaró que muchos de los desalojos no se llevan a cabo por vía judicial, porque cerca de 51 por ciento de los arrendamientos se hacen sin contrato de por medio.

“Cuando no tenemos un contrato, las partes no van a tribunales, sino que normalmente la vía es la de las presiones por parte de los dueños y la vergüenza de quien no puede pagar y decide dejar el lugar”, dijo.



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Los desalojos permitidos por un juez de quienes habitaban o rentaban comercialmente un inmueble en la Ciudad de México aumentaron en un año 27 por ciento.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSCDMX) reporta que los lanzamientos pasaron de 442 en 2020, el año de la pandemia por Covid-19, a 563 en 2021. El incumplimiento de contrato y la falta de pago fueron las razones de expulsión.

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Del universo total, en 478 fueron por procesos en los que quien presentó la demanda fue una persona física, en 46 una institución bancaria y en 39 casos no se especificó de quién se trataba.

Cabe señalar que el cierre de tribunales no impidió que se realizaran desalojos durante la pandemia; no obstante, los números no llegan a los años previos a la contingencia sanitaria. Según datos del TSJCDMX, en 2019 hubo mil 75, es decir, los lanzamientos realizados el año pasado están 47 por ciento por debajo de los números registrados antes de la pandemia por Covid-19.

Salvador Sacal, experto en temas inmobiliarios, consideró que el aumento de los desalojos por la vía judicial es mínimo en comparación con las 850 mil personas que viven bajo el esquema de arrendamiento legal (mediante contrato) que hay en la Ciudad de México. Actualmente, con el semáforo verde de la emergencia sanitaria, hay más personas que ya quieren arrendar y otras más que pondrán sus inmuebles en arrendamiento.

“No vemos una gran cantidad de desalojos, si fueron 563 para 850 mil pues no representa nada. El mercado ha estado muy estancado en eso, sí hay gente que ha incumplido en sus obligaciones; pero la gran mayoría, por no decir casi todos están cumpliendo con esa obligación de pagar sus rentas. Son muy pocos los desalojos que se están dando”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

En julio de 2020, los entonces diputados del Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que permitiría a los inquilinos exigir la modificación de sus contratos de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar ante la crisis por la epidemia. Debido al desacuerdo que desató la propuesta, principalmente en el sector inmobiliario, la iniciativa fue pospuesta en su análisis y nunca se dictaminó.

No fue la única intención que los diputados locales tuvieron para solucionar este problema. En septiembre del año pasado se presentó una iniciativa por la cual los arrendadores no podrían retirar los servicios de agua, alcantarillado, luz, gas y electricidad a sus inquilinos si estos no pagan la renta a tiempo. Sacal recordó que actualmente existe el temor de que, con el afán de proteger al arrendatario contra este tipo de actos de autoridad, se violen los derechos del arrendador.

Señaló que con esas propuestas, “se les estará haciendo la chamba al Estado de México”, en el sentido de que en la Ciudad de México ya no querrán poner sus inmuebles en arrendamiento, pues no podrán sacar al inquilino que no cumple con sus obligaciones.

“Aunque en la Constitución de la Ciudad se señala que la vivienda es un derecho humano de todo mexicano, y que tiene que ser una vivienda digna, etcétera, también hay que recordar que el pago de su renta es una obligación del arrendatario, y el uso y goce del inmueble también es un derecho; pero también es un derecho el de cobrar una renta. Recordando también que el contrato de arrendamiento es un pacto entre dos partes donde tienen derechos; pero también tienen obligaciones”, advirtió.

Silvia Emanuelli, de Habitat International Coalition, opinó que hasta que los juzgados regresen a su capacidad de trabajo previo a la pandemia, lo que ocurrirá a partir del 14 de marzo, se podrán obtener los efectos reales en materia de desalojos inquilinarios a través de un juicio. Aclaró que muchos de los desalojos no se llevan a cabo por vía judicial, porque cerca de 51 por ciento de los arrendamientos se hacen sin contrato de por medio.

“Cuando no tenemos un contrato, las partes no van a tribunales, sino que normalmente la vía es la de las presiones por parte de los dueños y la vergüenza de quien no puede pagar y decide dejar el lugar”, dijo.



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