El retiro de las propuestas de Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la capital lo anunció Martí Batres, jefe de Gobierno dela Ciudad de México, quien adelantó que las nuevas iniciativas tendrán una parte para prevenir la corrupción inmobiliaria.
A un día de vencer el plazo para la aplicación de la Afirmativa Ficta de ambos documentos, el funcionario dio a conocer que en el transcurso del día comunicaría su decisión al Congreso de la Ciudad de México.
Las dos propuestas de las autoridades locales, presentadas en junio, levantaron polémica y les precedieron la realización de foros en las 16 alcaldías, a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, para recibir opiniones y explicarles a los capitalinos los proyectos que delineaban el futuro de la ciudad.
Claudia Sheinbaum, aún como jefa de gobierno local, remitió los documentos al Congreso de la Ciudad de México, pero integrantes de diversas organizaciones manifestaron su descontento con esos documentos.
El tema saltó durante una conferencia de prensa del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para anunciar un anteproyecto de una nueva línea de trolebús, por lo que abordó el asunto para exponer que una preocupación importante de los vecinos es poner freno al cártel inmobiliario y que no era posible dar paso a esos elementos de planificación de largo plazo, sin establecer un conjunto de candados y medidas que impidan la proliferación en el área de los bienes y raíces o los efectos urbanos negativos que esto tiene.
“Vamos a retirar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, vamos a incorporar todo un capítulo de combate a la corrupción inmobiliaria, de combate al cártel inmobiliario para, una vez incorporado, vamos a enviarlo nuevamente al Congreso de la Ciudad de México, eso vamos a hacer precisamente el día de hoy, es un tema que hemos venido reflexionando ampliamente en estos días que, como ustedes saben, ha estado todo el debate sobre la corrupción inmobiliaria”, subrayó Batres Guadarrama.
El jefe de gobierno local señaló las consecuencias de la corrupción inmobiliaria, como la construcción de pisos de más, los impactos negativos en el abasto de agua, eleva los costos del suelo y de la vivienda, porque hay que pagar moches, afirmó, a funcionarios y genera especulación con los costos del suelo.
Recordó que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de presentar los documentos, por lo tanto los retira para la incorporación de otros elementos y remitirlos nuevamente al Congreso capitalino.
El titular de la jefatura de gobierno local mencionó otros cambios que le hicieron a las iniciativas originales, una de ellas es la precisión de que solamente se estipule el suelo de conservación, que fue una demanda de los pueblos y comunidades del sur de la capital.
También hubo la incorporación del tipo de suelo habitacional puro, ya que vecinos de colonias residenciales y clases medias manifestaron su preocupación, porque sus zonas de vivienda las invadieran gradualmente comercios y oficinas con un impacto urbano negativo.
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“Los proyectos que se enviaron no tienen impacto negativo, por otro lado cuidan mucho lo ambiental, se mantiene las mismas líneas de Suelo de Conservación y vienen un conjunto de elementos para cuidar el Suelo de Conservación, cuidar las zonas habitacionales para impedir los grandes impactos urbanos negativos”, garantizó Batres Guadarrama,
Finalmente, mencionó que las iniciativas presentadas estuvieron bajo una consulta amplia con múltiples organizaciones, con vecinos, académicas y académicos, a fin de modificarlos.
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