Corrupción, falta de capacitación en la puesta en marcha de protocolos, negligencia, además de recursos materiales y humanos insuficientes, son los problemas estructurales que impiden la oportuna aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el combate a los feminicidios no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país, advierten expertos.
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en entrevista con El Sol de México explica que estas fallas estructurales se ven en el trabajo de las policías, los peritos y los Ministerios Públicos en sus investigaciones sobre feminicidios.
Por separado, el grupo de trabajo que analiza la activación de una segunda AVG en la capital del país destaca que existen nueve alcaldías que carecen de estrategias de seguridad para víctimas de violencia de género, ya que adolecen, en gran medida, del proceso de búsqueda de mujeres desaparecidas, además de la insuficiencia para atender esta problemática.
Los expertos analizan una segunda AVG en la Ciudad de México, exclusivamente para las alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
El Sol de México consultó el informe generado por el Grupo de Trabajo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) instaló para el mecanismo solicitado desde agosto de 2019; el documento concluye con diversas recomendaciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe atender desde enero y terminar en junio de este año.
Aunque la propia titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, ha aceptado que el grave problema nacional de las alertas de género es que no hay indicadores de impacto y son subjetivas, el informe identifica factores que obstaculizan el cumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres.
“Las instancias que atienden mujeres víctimas de violencia, no cuentan con los suficientes recursos materiales y humanos para ejecutar sus labores, además de la rotación constante del personal y la falta de contención emocional", presenta el informe. Particularmente el grupo de trabajo identificó esta problemática en las Lunas (albergues para mujeres violentadas), SEPAVIGES, Hospital Pediátrico Infantil y CAVI, entre otras instituciones.
Este grupo reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Mujeres local por implementar la estrategia Abogadas de las Mujeres, sin embargo, explica que el acceso a la justicia implica la instrumentación de órdenes de protección, acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño, “mismas, que no pueden ser subsanadas únicamente a través de estas abogadas, por lo que esta estrategia resulta limitada”.
Será a mitad de año cuando la Ciudad de México remita a la Conavim los resultados y luego el grupo de trabajo realizará un dictamen que, a su vez, será enviado a la Secretaría de Gobernación, quien dictaminará si se activa la alerta o no.
FEMINICIDIOS EN EL PAÍS
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifiesta: “Las fallas estructurales y las fallas al acceso de la justicia están en los operadores jurídicos. No es la norma, sino quién la implementa, quién la hace valer. Estoy hablando de operadores jurídicos de todos los niveles, de una falta de capacitación y sensibilización de los servidores públicos, pero también de otros actos cuando hablamos de corrupción o cuando hablamos de personas que estén presuntamente vinculadas a temas delictivos”, dijo.
La especialista, quien colaboró en el informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 20142017”, descarta que exista un gran problema en la legislación, ya que la mayoría de los estados la tipificación de este delito cumple con estándares internacionales.
Dicho comentario se da en medio del debate público sobre las reformas legales que tipifiquen el feminicidio, donde hace unos días la Fiscalía General de la República mandó a la Cámara de Diputados su propuesta en la que eleva las sanciones de cárcel a los responsables, en especial si son servidores públicos.
De acuerdo con el informe, 19 entidades federativas cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas de autonomía, con los elementos normativos necesarios para acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género) y con circunstancias descritas de manera objetiva para demostrar las razones de género.
Los estados sin la homologación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.