En el Instituto de la Vivienda (Invi) local imperan irregularidades que ponen en tela de juicio el objetivo social por el que fue creado, que es dotar de vivienda a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos, criticó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Lo anterior luego de que auditó la actividad “Acciones para el desarrollo de vivienda en conjunto”, ejecutado en 2018, en específico el Programa de Situación de Calle, el cual consiste en apoyar a personas de escasos recursos en situación de vivienda vulnerable.
Encontró que el Invi no tuvo los suficientes controles para cuidar que las personas beneficiarias de este programa, efectivamente estuvieran en condiciones de vulnerabilidad. Incluso para comprobar que no tenían una nómina, sólo hizo falta un escrito de buena fe, pero el Instituto no fue más allá de eso.
Además, gran parte de los beneficiarios de una de las 351 viviendas entregadas en depósito eran solteros sin dependientes económicos, una característica fuera de los grupos prioritarios del Invi. Por ello, la ASCM destacó que no es posible afirmar que el Invi cumpla con el objeto para el que fue creado.
En 2018 se dispusieron 32 millones de pesos para ocho proyectos de vivienda: Camino a Nextengo 73 y 73 (Fracción A), Azcapotzalco; Canal de Chalco 598 (2da. Etapa), Iztapalapa; Matamoros 110 y 118, Venustiano Carranza; Nopal 126, Venustiano Carranza; San Simón y San Simón Esq. Oyamel, en Cuauhtémoc.
De acuerdo con la ASCM el Invi ofrece diferentes líneas de financiamiento: edificación, supervisión, obra exterior mayor, sustentabilidad, estudios y proyectos, dictamen de factibilidad técnica, demolición, laboratorio, áreas comunes y fachada, y adquisición de suelo y/o la combinación entre dos o más de ellas
“Para el caso del Programa de Población en Situación de Calle, las líneas de financiamiento afectadas durante el ejercicio en revisión fueron básicamente tres: edificación, con 99.7 por ciento de los recursos programados y ejercidos, y laboratorio y supervisión, con 0.2 por ciento y 0.1 por ciento, respectivamente”, detalla la auditoría.
La ASCM solicitó al Invi que informara si al cierre de 2018 se realizaron entregas de viviendas en el marco de este programa, a lo que el Instituto respondió que fueron entregadas en depósito 351 viviendas a igual número de beneficiarios en cuatro proyectos de vivienda.
Dichos proyectos son: Camino a Nextengo 73, con 148 viviendas; Juan A. Mateos 127, con 19 viviendas; Matamoros 110, con 54 viviendas y Nopal 126, con 130 viviendas. El 40 por ciento de los beneficiarios fueron solteros sin dependientes económicos, “característica de una población que no se consideró como prioritaria en la política social del Invi”, señaló la ASCM.
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Vivienda en Conjunto del Invi, los grupos prioritarios son “tanto mujeres y hombres [con] ingresos que perciben hasta cinco veces el salario mínimo diario en lo individual y hasta ocho por ingreso familiar, dentro de estos se ubican por su condición de vulnerabilidad: adultos mayores, madres y padres solteros, persona con discapacidad y población indígena”.
En su reporte la ASCM indica que revisó seis expedientes de los beneficiarios acreditados en los que se consultó documentación, como cédula única de información socioeconómica, comprobante de ingresos, entre otros documentos.
“De lo anterior se destaca el comprobante de ingresos, el cual consta de un escrito de buena fe, en el que el solicitante manifiesta no contar con recibo de nómina por desarrollar una actividad no establecida, haciendo un cálculo promedio de ingreso mensuales por la actividad desempeñada”, se lee en el reporte.
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El ente fiscalizador consideró que resultan insuficientes los mecanismos empleados por el Invi para cumplir con el objetivo social del Instituto que es atender a personas de escasos recursos, vulnerables y en situación de riesgo, “ya que el único elemento que soporta la condición de escasez de recursos es un escrito de buena fe, quedando pendiente la información y documentación que justifique la vulnerabilidad y la condición de riesgo del solicitante”.
Y concluye, de manera terminante: “Del análisis a la información proporcionada, y las pruebas de auditoría aplicadas se concluye que las acciones desarrolladas por el INVI para acreditar la escasez de recursos, la vulnerabilidad y el riesgo en el que viven los beneficiarios solicitantes de crédito, son insuficientes, por lo que no es posible acreditar el cumplimiento del objetivo social por el cual fue creado el Instituto”.
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