/ jueves 7 de noviembre de 2019

Proyectos inmobiliarios aún deben 656 mdp por obras

No existen comprobantes del dinero que las empresas deben invertir en la ciudad como parte de sus permisos

Doce proyectos que recibieron permisos de la Ciudad de México para construir y desarrollar vivienda a cambio de realizar obras obligatorias de mejora del entorno urbano para los capitalinos han quedado a deber esta aportación que, en conjunto, suma 656 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no recibió las aportaciones financieras o en especie a las que están obligados estos 12 desarrolladores, y aunque Ileana Villalobos, actual titular de la Seduvi advirtió sobre el adeudamiento de 300 millones de pesos, el más reciente reporta de la Auditoría Superior de la Ciudad de México advirtió que se trata de poco más del doble.

Se trata de las autorizaciones de los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) que permiten a un particular construir a cambio de mejorar el entorno urbano. Por ejemplo, en el expediente del proyecto Lago Neuchatel 7, 9, 13 y 21, se localizaron facturas mediante las cuales el desarrollador indicó al SAC Granadas la realización de diversos estudios y proyectos por 4 mil millones de pesos sin embargo, no se localizó información sobre la realización de obras de mejoramiento del espacio público por 5 mil millones de pesos.

La auditoría da cuenta que en otro expediente, del proyecto Ejército Nacional 769, se localizaron facturas y ficha de depósito donde se acreditó la contribución al SAC Granadas por 38 mil millones de pesos pero no se acreditaron diversos conceptos de aportación por 9 mil millones. Algo similar también sucedió con el desarrollo denominado Enjoy Revolución, correspondiente al SAC Tacubaya, donde sí hay evidencia de la aportación al fideicomiso por 18 mil mdp correspondiente pero no de la aportación de 10 mil millones de pesos.

La Auditoría recomendó implementar mecanismos de supervisión / Foto: Especial

"Hemos detectado que si bien es cierto algunas obras están bien, son legales, no se cumplió en lo general con el objetivo del SAC. Recuerden, el objetivo del SAC era vivienda. ¿Qué es lo que se terminó por construir ahí de manera mayoritaria? Oficinas. La zona está reventada”, dijo Villalobos en octubre al advertir lo que la auditoría comprobó.

Además de estos tres proyectos, tampoco localizó información que acreditara el depósito de los recursos de nueve más. "Dichos proyectos fueron: Mariano Escobedo 218, Lago Rodolfo 49, Oficinas Río San Joaquín, Laguna de Términos 293, Moliere 46 y Lago Andrómaco 1, adheridos al SAC Granadas; Observatorio 35, adherido al SAC Tacubaya; Conjunto Habitacional Eje Central Lázaro Cárdenas, correspondiente al SAC Distrito San Pablo; y Juárez 92, correspondiente al SAC Alameda/ Reforma, por un monto de 630,860.9 miles de pesos", señala la auditoría.

El parque La Mexicana se constituyó a través de esta herramienta. El trato era poder edificar a cambio de la aportación a la ciudad, luego fue concesionado pero tampoco hay comprobantes de que se haya realizado el pago por este acuerdo.

No es la única irregularidad detectada la anterior administración de la Seduvi. Este diario informó que también se encontraron en la entrega de recursos de apoyo a damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 que inflaron hasta 35 por ciento los trabajos de rehabilitación de inmuebles sin tener derecho a el.

Doce proyectos que recibieron permisos de la Ciudad de México para construir y desarrollar vivienda a cambio de realizar obras obligatorias de mejora del entorno urbano para los capitalinos han quedado a deber esta aportación que, en conjunto, suma 656 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no recibió las aportaciones financieras o en especie a las que están obligados estos 12 desarrolladores, y aunque Ileana Villalobos, actual titular de la Seduvi advirtió sobre el adeudamiento de 300 millones de pesos, el más reciente reporta de la Auditoría Superior de la Ciudad de México advirtió que se trata de poco más del doble.

Se trata de las autorizaciones de los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) que permiten a un particular construir a cambio de mejorar el entorno urbano. Por ejemplo, en el expediente del proyecto Lago Neuchatel 7, 9, 13 y 21, se localizaron facturas mediante las cuales el desarrollador indicó al SAC Granadas la realización de diversos estudios y proyectos por 4 mil millones de pesos sin embargo, no se localizó información sobre la realización de obras de mejoramiento del espacio público por 5 mil millones de pesos.

La auditoría da cuenta que en otro expediente, del proyecto Ejército Nacional 769, se localizaron facturas y ficha de depósito donde se acreditó la contribución al SAC Granadas por 38 mil millones de pesos pero no se acreditaron diversos conceptos de aportación por 9 mil millones. Algo similar también sucedió con el desarrollo denominado Enjoy Revolución, correspondiente al SAC Tacubaya, donde sí hay evidencia de la aportación al fideicomiso por 18 mil mdp correspondiente pero no de la aportación de 10 mil millones de pesos.

La Auditoría recomendó implementar mecanismos de supervisión / Foto: Especial

"Hemos detectado que si bien es cierto algunas obras están bien, son legales, no se cumplió en lo general con el objetivo del SAC. Recuerden, el objetivo del SAC era vivienda. ¿Qué es lo que se terminó por construir ahí de manera mayoritaria? Oficinas. La zona está reventada”, dijo Villalobos en octubre al advertir lo que la auditoría comprobó.

Además de estos tres proyectos, tampoco localizó información que acreditara el depósito de los recursos de nueve más. "Dichos proyectos fueron: Mariano Escobedo 218, Lago Rodolfo 49, Oficinas Río San Joaquín, Laguna de Términos 293, Moliere 46 y Lago Andrómaco 1, adheridos al SAC Granadas; Observatorio 35, adherido al SAC Tacubaya; Conjunto Habitacional Eje Central Lázaro Cárdenas, correspondiente al SAC Distrito San Pablo; y Juárez 92, correspondiente al SAC Alameda/ Reforma, por un monto de 630,860.9 miles de pesos", señala la auditoría.

El parque La Mexicana se constituyó a través de esta herramienta. El trato era poder edificar a cambio de la aportación a la ciudad, luego fue concesionado pero tampoco hay comprobantes de que se haya realizado el pago por este acuerdo.

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