/ jueves 9 de febrero de 2023

Proponen a CDMX dar seguro de desempleo a trabajadores sin contrato

El Consejo de Evaluación plantea a la Secretaría del Trabajo que extienda el apoyo al sector informal

El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México propuso al gobierno local abrir el seguro de desempleo para los trabajadores sin contrato que perdieron su plaza, como los meseros que cobran por propinas, vendedores por comisión, colaboradores por proyectos o albañiles.

El consejo, mejor conocido como Evalúa CdMx, analiza los programas y políticas de la administración pública y propone medidas para eficientar el gasto destinado a proyectos de desarrollo social. En diciembre de 2022 presentó la Evaluación de las Políticas Públicas de Empleo en la Ciudad de México y concluyó que el seguro de desempleo excluye al sector que pierde su trabajo formal y que no cuenta con un contrato que pruebe la relación laboral que tuvo.

Entérate: CDMX impulsará la economía de alcaldías marginadas con préstamos

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) es quien actualmente ofrece este apoyo. Para acceder a él, el trabajador que perdió su empleo debe comprobarlo a través de una Constancia de Semanas Cotizadas, ya sea al IMSS o ISSSTE, completa.

El Consejo opinó que abrir el seguro al sector informal significaría atender efectivamente el derecho al empleo digno, sin distinción alguna entre la población

El organismo presentó una gráfica elaborada con base en datos de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual indica que en ese año los trabajadores sin contrato sumaban 805 mil 500, en 2019 la cifra llegó a 837 mil 155 y en 2018 fueron 859 mil 164.

También explicó que el programa protege cada vez a menos a los desempleados, por lo que es necesario analizar su evolución. “Aunque el monto mensual de los apoyos se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo, los ajustes que ha tenido el presupuesto del programa han afectado principalmente a la temporalidad del apoyo y, por tanto, al monto agregado que se puede recibir (...) estas decisiones denotan un proceso de detrimento paulatino en la protección del programa e indicios de regresividad en su operación”, detalló.

El presupuesto asignado es el impedimento más importante para ampliar su cobertura hacia las personas con algún tipo de informalidad en su ocupación

Los analistas de Evalúa entrevistaron al personal de la Dirección del Seguro de Desempleo de la mencionada secretaría, que aceptó que el presupuesto asignado es el impedimento más importante para ampliar su cobertura hacia las personas con algún tipo de informalidad en su ocupación.

El segundo obstáculo está en el marco legal, porque las reglas de operación las rige la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, la cual ordena que todas las personas beneficiarias deben haber perdido un empleo formal –o en el caso de grupos de atención prioritaria (que no ingresan por condiciones del empleo, sino por la naturaleza de la población a la que pertenecen) deben atenderlas las instituciones correspondientes.

Ante esto, Evalúa elaboró una iniciativa que llamó “Propuesta para la Construcción de Poblaciones del Programa Seguro de Desempleo”, en el que la población potencial a atender sean las personas residentes en la Ciudad de México, de 18 a 64 años con seis meses, en condición de desocupación, que hayan perdido su trabajo después de estar empleadas formalmente o, bien, después de estar empleadas en condición de informalidad laboral en el sector formal.

Además descubrió que durante los últimos cinco años el número de beneficiados menguó, al pasar en 2018 de 48 mil 600 a 21 mil 145 el año pasado, lo cual es debido en parte a la disminución presupuestaria, especialmente de 2020 a 2021, por lo que recomendó encontrar fuentes alternativas de financiamiento, como los esquemas tripartitos de la mano de los empresarios, para reducir la carga presupuestaria.

Este seguro también está abierto para otros grupos vulnerables, como migrantes, huéspedes, refugiados o desplazados. El Consejo sugirió que el gobierno atienda a esa población a través de otros programas de asistencia social.

“Consideramos que la adición de varios de los grupos vulnerables contribuye a desvirtuar la naturaleza del programa, pues, en ocasiones, parece dirigirse hacia la asistencia social, como en el caso de las personas en condición de refugiadas o las personas migrantes connacionales repatriadas. Su atención, que a todas luces resulta necesaria e imprescindible, podría darse por otros medios o instrumentos especializados, como sucedió alguna vez con los programas sociales de la Sibiso Ciudad hospitalaria y movilidad humana o Financiamiento para la asistencia e integración social”, advirtió.

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Consultado sobre esta propuesta de Evalúa Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz, secretario del Trabajo y Fomento al Empleo local, dijo no tener de momento una opinión de momento.

Rodolfo de la Torre, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que evalúa de manera privada las políticas de bienestar socioeconómico, agregó que es necesario tener una reforma fiscal para contar con dinero público y ampliar la cobertura del desempleo.



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El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México propuso al gobierno local abrir el seguro de desempleo para los trabajadores sin contrato que perdieron su plaza, como los meseros que cobran por propinas, vendedores por comisión, colaboradores por proyectos o albañiles.

El consejo, mejor conocido como Evalúa CdMx, analiza los programas y políticas de la administración pública y propone medidas para eficientar el gasto destinado a proyectos de desarrollo social. En diciembre de 2022 presentó la Evaluación de las Políticas Públicas de Empleo en la Ciudad de México y concluyó que el seguro de desempleo excluye al sector que pierde su trabajo formal y que no cuenta con un contrato que pruebe la relación laboral que tuvo.

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La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) es quien actualmente ofrece este apoyo. Para acceder a él, el trabajador que perdió su empleo debe comprobarlo a través de una Constancia de Semanas Cotizadas, ya sea al IMSS o ISSSTE, completa.

El Consejo opinó que abrir el seguro al sector informal significaría atender efectivamente el derecho al empleo digno, sin distinción alguna entre la población

El organismo presentó una gráfica elaborada con base en datos de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual indica que en ese año los trabajadores sin contrato sumaban 805 mil 500, en 2019 la cifra llegó a 837 mil 155 y en 2018 fueron 859 mil 164.

También explicó que el programa protege cada vez a menos a los desempleados, por lo que es necesario analizar su evolución. “Aunque el monto mensual de los apoyos se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo, los ajustes que ha tenido el presupuesto del programa han afectado principalmente a la temporalidad del apoyo y, por tanto, al monto agregado que se puede recibir (...) estas decisiones denotan un proceso de detrimento paulatino en la protección del programa e indicios de regresividad en su operación”, detalló.

El presupuesto asignado es el impedimento más importante para ampliar su cobertura hacia las personas con algún tipo de informalidad en su ocupación

Los analistas de Evalúa entrevistaron al personal de la Dirección del Seguro de Desempleo de la mencionada secretaría, que aceptó que el presupuesto asignado es el impedimento más importante para ampliar su cobertura hacia las personas con algún tipo de informalidad en su ocupación.

El segundo obstáculo está en el marco legal, porque las reglas de operación las rige la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, la cual ordena que todas las personas beneficiarias deben haber perdido un empleo formal –o en el caso de grupos de atención prioritaria (que no ingresan por condiciones del empleo, sino por la naturaleza de la población a la que pertenecen) deben atenderlas las instituciones correspondientes.

Ante esto, Evalúa elaboró una iniciativa que llamó “Propuesta para la Construcción de Poblaciones del Programa Seguro de Desempleo”, en el que la población potencial a atender sean las personas residentes en la Ciudad de México, de 18 a 64 años con seis meses, en condición de desocupación, que hayan perdido su trabajo después de estar empleadas formalmente o, bien, después de estar empleadas en condición de informalidad laboral en el sector formal.

Además descubrió que durante los últimos cinco años el número de beneficiados menguó, al pasar en 2018 de 48 mil 600 a 21 mil 145 el año pasado, lo cual es debido en parte a la disminución presupuestaria, especialmente de 2020 a 2021, por lo que recomendó encontrar fuentes alternativas de financiamiento, como los esquemas tripartitos de la mano de los empresarios, para reducir la carga presupuestaria.

Este seguro también está abierto para otros grupos vulnerables, como migrantes, huéspedes, refugiados o desplazados. El Consejo sugirió que el gobierno atienda a esa población a través de otros programas de asistencia social.

“Consideramos que la adición de varios de los grupos vulnerables contribuye a desvirtuar la naturaleza del programa, pues, en ocasiones, parece dirigirse hacia la asistencia social, como en el caso de las personas en condición de refugiadas o las personas migrantes connacionales repatriadas. Su atención, que a todas luces resulta necesaria e imprescindible, podría darse por otros medios o instrumentos especializados, como sucedió alguna vez con los programas sociales de la Sibiso Ciudad hospitalaria y movilidad humana o Financiamiento para la asistencia e integración social”, advirtió.

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Consultado sobre esta propuesta de Evalúa Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz, secretario del Trabajo y Fomento al Empleo local, dijo no tener de momento una opinión de momento.

Rodolfo de la Torre, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que evalúa de manera privada las políticas de bienestar socioeconómico, agregó que es necesario tener una reforma fiscal para contar con dinero público y ampliar la cobertura del desempleo.



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