Defensores de derechos humanos, Secretaría de Gobernación y la de Gobierno, en conjunto con diputados locales, iniciaron las mesas de análisis sobre lo que debe contener la ley de amnistía para revertir la criminalización que tiene presas a personas inocentes en los penales de la Ciudad de México.
Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, puso sobre la mesa que el gobierno legislativo podría construir una ley de amnistía modelo para otras entidades federativas.
“El mayor aporte es llevar a cabo el cuestionamiento de la utilización del derecho penal para la solución de conflictos sociales, de nada sirve seguir presentando iniciativas como el usar cubrebocas”, dijo.
“Estas es una ley que tiene un potencial para revertir la criminalización”, expresó al señalar que los penales de la capital mexicana tienen la segunda mayor población de Personas Privadas de su Libertad, sólo detrás del Estado de México.
En el Congreso de la Ciudad de México hay cuatro iniciativas de propuesta para una ley de amnistía, en la que se propone dejar en libertad a personas indígenas que no hayan llevado un debido proceso de defensa con su lenguaje nativo, es decir, que no les hubieran otorgado defensores capacitados y no estuvieran bien traducidas sus diligencias.
Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno de la ciudad, propuso aplicar la amnistía a personas que hayan cometido el robo sin violencia y la modalidad de narcomenudeo.
“Tratándose de mujeres, jóvenes, personas indígenas, narcomenudeo que se hubiera cometido por vivir en extrema violencia, en aquellos que hayan estado obligados por grupos delictivos o por sus familiares, pero que no aplique en reincidentes”, expuso.
Agregó: “No debe tener condenas como secuestro, por asesinato y ni tener ningún delito donde se haya cometido con armas de fuego”.
La próxima mesa de diálogo se realizará el miércoles ya que en la capital mexicana se deberá armonizar la ley local con la federal. También indicaron que se debe apoyar a quienes fueron criminalizados por acudir a protestas sociales.
Alejandro Ayala, de la Secretaría de Gobernación, comentó que en los penales capitalinos hay muchos jóvenes presos por consumir drogas, pero que es injusto porque se les trató como delincuentes comunes. “Esperamos que el catálogo de delitos queden muy claro”, recomendó para la propuesta que se suba al pleno del Congreso capitalino.
Pidió que también se dé un fortalecimiento de la reinserción social mediante el Instituto que ya tiene la ciudad, pues 85% de los que están detenidos apenas terminaron la educación básica.
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