El gobierno de los exjefes de gobierno Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva ocultó el incremento de los delitos, esto se realizó desde las agencias de Ministerios Públicos y el personal que se encargaba de sistematizar los datos, informó Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
Explicó que esto lo encontraron tras analizar los datos de los dos últimos años y quienes se encargaban de clasificar deliberadamente mal eran los Ministerios Públicos y el personal encargado de la sistematización de la política criminal. Godoy declaró que ese personal ya no está colaborando en su administración pero enfatizó que ello no implicaría una “cacería de brujas”.
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Detalló que en el primer análisis encontraron que de 13 mil carpetas de investigación -que incluso estaban clasificadas como denuncias- analizaron 5 mil y como resultado del análisis identificaron 3 mil 200 que están mal clasificadas.
“En el tema de homicidios tenemos una cifra de alrededor de 55 homicidios, no fueron reportadas como tal, sino como denuncias de hechos”, dijo.
“Pero tenemos casos más escandalosos como el tema de violación, lo tienen como denuncia de hechos, luego lo pasaron como abuso, hostigamiento y cuando lo lees es violación, estamos haciendo ese primer análisis después se los mando concreto y números exactos”, agregó.
Encontrar esta operación significó que no se tiene la información real y no ayudó a tomar decisiones inmediatas, por lo que fue un engaño decir que habían bajado los índices delictivos, señaló.
CONTRA LOS FEMINICIDIOS
Explicó que dentro del programa de trabajo de la Procuraduría se busca garantizar la justicia y disminuir los índices delictivos en la capital del país, así como los delitos llamados de alto impacto.
De acuerdo con dicho plan, se tendrán seis ejes de trabajo que son: segmentar los delitos según su tipo, erradicar la corrupción, fortalecer el enfoque de atención a víctimas, la profesionalización de los servidores públicos, fomentar la cultura de la denuncia y actuar bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia.
Incluso abordó el tema de seguridad para las mujeres. Al recordar que la administración pasada dejó abandonados en bodegas mil geolocalizadores para las mujeres que están en riesgo de violencia y que pueden llegar al feminicidio, Godoy aceptó que será tecnología que ayude en la estrategia.
Reveló que fue un contrato que realizó la administración anterior y cada aparato tuvo un costo de 10 mil pesos por lo que en estos momentos trabajan para hacer la política para el tratamiento de los feminicidios en la capital mexicana.
“Eso desde la Procuraduría lo estamos echando a andar, nosotros tenemos una lista de aproximadamente 120 mujeres que están en situación de riesgo, tenemos que protegerlas y ese es un instrumento tecnológico que puede ayudar”, expuso.
También enfatizó que se tomarán acciones inmediatas para abatir la impunidad en delitos de alto impacto, como son los homicidios. Indicó que se creó un grupo de trabajo interno especializado para abatir la impunidad en homicidios y otro integrado por especialistas externos para el diseño de una política criminal enfocada en un primer momento, en el análisis de este delito.
NUEVO MODELO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS
La PGJ capitalina implementará un nuevo modelo de atención a víctimas, y se trabaja en dos objetivos principales que es reducir el tiempo de atención de dos horas a 17 minutos así como ya no revictimizar a los ciudadanos.
Será una plataforma que ya se implementa en el estado de Chihuahua, y ahora se está diseñando en la ciudad.
Esta tendrá precargadas una serie de datos para que ya no sea necesario que el Ministerio Público o el oficial le esté preguntando a la víctima por segunda o tercer ocasión, ya solo se le preguntará una vez, indicó la procuradora.
Sin definir donde iniciarán las pruebas piloto, analizan ponerlo a prueba en una fiscalía que puede ser en Iztapapala, Magdalena Contreras, Benito Juárez o Miguel Hidalgo.
Con información de Notimex
