El próximo martes un juez federal decidirá la situación jurídica de Francisco Javier "N", ex agente de la extinta Policía Federal (PF), detenido el fin de semana señalado por el presunto delito de delincuencia organizada, en relación con el desvío de 2 mil 519 millones de pesos.
Francisco Javier forma parte del grupo de 19 personas buscadas por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su participación en un quebranto millonario durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador por el PRI, al frente de la Secretaría de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto.
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La FGR aún tiene pendiente la captura del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, y de la exsecretaria general de la PF, Frida Martínez Zamora, así como de otros 17 antiguos servidores públicos de la Secretaría de Gobernación.
Francisco Javier "N" fue detenido el fin de semana pasado en Guanajuato, de donde fue traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para ponerlo a disposición del juez de la causa.
La defensa del ex agente federal solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo martes.
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Este es el segundo servidor público detenido luego de descubrirse el desfalco millonario. En agosto pasado fue detenido en las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) Eleuterio "N", quien se desempeñaba como jefe de Departamento en la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, donde tenía a su cargo el manejo de los recursos financieros y administrativos.
De las investigaciones se desprende que los exservidores públicos están relacionados con la compra del sistema de inteligencia “Rafael” que se contrató el 23 de diciembre de 2015 en 2 mil 458 millones de pesos a un sobreprecio.
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El sistema, de origen israelí, era utilizado para el análisis, diseño e implementación de un Sistema de Explotación de Información de Inteligencia y la compra se habría hecho a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, violando los procedimientos de la norma y provocando pagos en demasía, quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos.
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